Los magistrados Fernando Silva, José Sebastián Gómez y Salvador Alvarado resolvieron además que en dicha sección se usaron recursos públicos “para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno, lo que fomenta la censura indirecta, la polarización social y erosiona los pilares de la democracia”. Qué paliza desde el Poder Judicial. La determinación del Tribunal se dio en respuesta al amparo promovido por un periodista, el primero que lo hizo, el primero que lo ganó. Sienta con ello un precedente extraordinario.



