Para los amigos del poder, todo; para los ciudadanos comunes, trámites y trabas. En un descarado acto de servilismo hacia los poderes económicos que financian sus proyectos políticos, el Cabildo de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, aprobó en sesión ordinaria un jugoso regalo inmobiliario e industrial para la empresa Cementos de Chihuahua (GCC). Con un simple levantón de mano, el Ayuntamiento autorizó modificar las reglas del juego urbano para beneficiar un predio masivo de más de 85 mil metros cuadrados en la tradicional colonia Nombre de Dios, dejando en claro para quién se gobierna realmente en la capital.
El dictamen, cocinado desde la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano y promovido por el representante legal de GCC, César Conde Aguirre, avaló el Estudio de Planeación Urbana para el predio ubicado en la avenida Juan Escutia número 4101. Con esta resolución, la superficie de 85,369.04 m² pasa mágicamente de ser un espacio designado para uso Mixto Intenso y Habitacional (H60+) a clasificarse como Industria de Bajo Impacto.
La indignación entre los sectores sociales y vecinos de la zona no se ha hecho esperar, pues el favorecido no es un ciudadano cualquiera: los dueños y altos ejecutivos de GCC forman parte del núcleo duro de la élite empresarial panista de Chihuahua, financiadores históricos del blanquiazul y aliados incondicionales de Marco Bonilla. Mientras a miles de familias chihuahuenses se les niegan servicios o se les imponen cobros excesivos por modificar un espacio en sus colonias, a los magnates del cemento les acondicionan la normatividad urbana a la medida de sus intereses corporativos.
Este cambio de uso de suelo sobre la avenida Juan Escutia no es un simple trámite técnico de desarrollo urbano; es la prueba irrefutable de cómo se pagan los favores de campaña desde el escritorio municipal. La colonia Nombre de Dios amanece con la amenaza de una mayor carga industrial en su entorno, todo para que los «dueños de Chihuahua» sigan multiplicando su capital bajo el amparo de la cobija azul de Palacio Municipal. La ciudadanía atestigua una vez más cómo se vende el suelo de la capital al mejor postor, mientras las autoridades que deberían velar por el ordenamiento social operan como simples empleados de mostrador de los grandes corporativos.
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