CHIHUAHUA.- En un giro inesperado que sacude el tablero político del estado, el senador y exgobernador Javier Corral Jurado anunció este martes su desistimiento legal en los tribunales de la Ciudad de México respecto al intento de su detención en 2024. Sin embargo, lejos de significar una pipa de la paz con la administración de María Eugenia Campos Galván, la defensa del legislador advierte que el verdadero choque se mantiene vivo en las grandes ligas: la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de un comunicado conjunto con su asesoría jurídica, el despacho Schütte & Delsol, Corral rompió el silencio argumentando que no se prestará a la «tergiversación» ni a la «manipulación política» que, acusa, ha ejercido la gobernadora de Chihuahua. Según el texto, la mandataria estatal opera con un «doble rasero», vendiendo el proceso judicial de forma diferenciada en la capital del país y en el estado.
Pero el núcleo de la estrategia es el fondo, no la forma. Al retirar la impugnación en la CDMX, la defensa de Corral busca vaciar de narrativa mediática el caso local para concentrar el fuego de artillería en las denuncias presentadas ante la FGR por el presunto actuar ilegal de autoridades ministeriales y judiciales de Chihuahua.
Hacia el final, el comunicado lanza un desafío directo que redefine la narrativa del conflicto: un llamado a la sociedad y a las instituciones a «investigar a fondo los dos lados». Corral propone medir con la misma vara las acusaciones contra su pasada administración y el presunto uso «faccioso» de las instituciones actuales para fines políticos.
La moneda está en el aire. Lo que para el aparato estatal podría interpretarse como una victoria, en el análisis estratégico parece un repliegue táctico: Corral limpia su retaguardia en la CDMX para enfocar sus baterías en la trinchera federal.
