En el ajedrez de la política mexicana, la impunidad es un lujo que caduca muy rápido. En un giro que ha desatado oleadas de risa, burla y profunda indignación en todo el territorio chihuahuense, se confirmó la estrepitosa salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR). Sí, leyó usted bien: el mismísimo funcionario que saltó a la fama nacional por protagonizar el ridículo e histórico «rescate» de Javier Corral Jurado en un restaurante de la capital del país, mientras se le ejecutaba una orden de aprehensión, hoy se ha quedado sin oficina, sin gafete y sin poder.
Para los chihuahuenses que aún tienen fresca en la memoria la imagen de Corral huyendo en una camioneta para evitar la justicia local, este movimiento en la FGR cae como un acto de justicia poética. Fuentes al interior de la dependencia confirmaron que Lara no solo era un burócrata más; era el enlace directo, el mensajero VIP y el operador en las sombras del grupo de Javier Corral dentro de la máxima instancia de procuración de justicia de la nación.
Con esta patada en el trasero institucional, la red de influencia de Corral queda completamente desmantelada y en estado de coma. El exgobernador, ampliamente señalado por la opinión pública y los sectores empresariales por utilizar a las fiscalías como su brazo armado personal para perseguir enemigos y ejecutar vendettas de carácter puramente político, se ha quedado de la noche a la mañana huérfano de padrinos en el centro del país.
El mito del intocable se desmorona. Quienes conocen las entrañas del poder aseguran que sin Ulises Lara operándole las carpetas en la FGR, las bravuconadas mediáticas de Javier Corral van a pasar de ser amenazas serias a simples pataletas de café. A Chihuahua se le prometió justicia y lo que recibió fue un circo de impunidad coordinado desde las cúpulas federales; hoy, el payaso principal del circo se quedó sin carpa. La pregunta en las mesas políticas de la capital ya no es si Corral va a responder por sus cuentas pendientes, sino cuánto tiempo le queda antes de que el nuevo inquilino de la FGR decida que ya no vale la pena seguir protegiendo a un costo político tan alto.
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