Mientras algunos gestores ofrecen registros REPSE en tiempo récord, una pregunta exige respuestas: ¿qué garantiza que todos los solicitantes reciban el mismo trato ante la autoridad?
Hay negocios que venden productos. Otros venden servicios. Pero cuando alguien ofrece conseguir un registro gubernamental en apenas tres horas, surge una pregunta inevitable: ¿qué es exactamente lo que está vendiendo?
En redes sociales circulan anuncios de gestores que prometen obtener registros REPSE en tres, veinticuatro o cuarenta y ocho horas. Las publicaciones muestran ofertas comerciales, pero no acreditan, por sí solas, que las resoluciones se hayan emitido en esos tiempos.
El asunto merece atención porque el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) no es cualquier trámite. Forma parte del sistema de regulación de la subcontratación laboral en México.
Y cuando la velocidad de una decisión pública se convierte en argumento de venta privada, la transparencia deja de ser un detalle administrativo.
LA LEY PONE PLAZOS. ¿QUIÉN EXPLICA LA VELOCIDAD?
El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe pronunciarse sobre las solicitudes de registro dentro de los veinte días posteriores a su recepción.
Las disposiciones administrativas aplicables desarrollan el procedimiento y sus plazos, incluyendo medidas de simplificación.
Resolver antes del plazo máximo no significa actuar ilegalmente.
La pregunta incómoda es otra: ¿cómo distinguir una gestión legítima de una oferta que promete influencia sobre una decisión pública?
Una cosa es contratar asesoría para integrar correctamente un expediente. Otra, muy distinta, sería pagar para conseguir que alguien dentro de una dependencia altere indebidamente el procedimiento.
La primera actividad puede ser legal. La segunda podría tener consecuencias penales y administrativas.
«ESTOY DENTRO DE LAS OFICINAS»
Entre las capturas recibidas para esta investigación aparece una publicación en la que una persona ofrece realizar el trámite en un máximo de 1 (una) hora y afirma encontrarse dentro de las oficinas de la Secretaría del Trabajo.
La declaración no acredita que sea servidor público ni que intervenga irregularmente en las resoluciones.
Pero plantea una pregunta legítima: ¿qué controles impiden que la cercanía real o aparente con una institución se comercialice como ventaja?
La STPS debería explicar cómo protege la integridad del procedimiento, quién puede resolver solicitudes y cómo detecta posibles intervenciones indebidas.
No se trata de sospechar de todo funcionario. Se trata de exigir que las atribuciones públicas nunca se conviertan en mercancía.
EL CÓDIGO PENAL FEDERAL: CUANDO UN FAVOR PUEDE CONVERTIRSE EN DELITO
La legislación mexicana establece responsabilidades penales para conductas específicas de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares.
Artículo 220. Ejercicio abusivo de funciones. Sanciona al servidor público que otorgue ilícitamente contratos, permisos, licencias, autorizaciones u otros actos jurídicos que produzcan beneficios económicos para sí mismo o personas vinculadas. También contempla utilizar información no pública obtenida por el cargo para realizar operaciones que generen beneficios económicos indebidos.
Las penas pueden ir de tres meses a doce años de prisión, según la cuantía de las operaciones, además de multas.
Artículo 221. Tráfico de influencia. Contempla al servidor público que promueva o gestione ilícitamente asuntos ajenos a sus responsabilidades; a quien participe en esa gestión; y al funcionario que intervenga indebidamente en decisiones correspondientes a otro servidor público para obtener beneficios económicos.
También comprende al particular que, sin autorización legal, afirme tener influencia ante funcionarios e intervenga para promover resoluciones ilícitas a cambio de beneficios.
La sanción es de dos a seis años de prisión y de treinta a cien días multa.
Artículo 222. Cohecho. Sanciona al servidor público que solicite o reciba ilícitamente dinero u otros beneficios, o acepte promesas, para realizar u omitir actos relacionados con sus funciones.
También sanciona a quien entregue, prometa u ofrezca beneficios indebidos en los supuestos previstos por la ley.
Las penas pueden alcanzar catorce años de prisión, además de las multas correspondientes.
Estas disposiciones no convierten automáticamente una oferta de REPSE exprés en delito. Cada conducta exige elementos específicos y pruebas.
Pero establecen una advertencia: si una resolución pública se manipula mediante beneficios indebidos o influencias ilícitas, las consecuencias pueden ser penales.
EL GOBIERNO FEDERAL TIENE PREGUNTAS QUE RESPONDER
¿Cuántas solicitudes REPSE se resuelven en menos de veinticuatro horas?
¿Existen registros auditables de quién consulta, modifica o autoriza cada expediente?
¿Se investigan las ofertas comerciales que invocan relaciones con personal de la autoridad?
¿Puede cualquier empresa acceder a los mismos tiempos de respuesta sin intermediarios?
Estas preguntas no presuponen corrupción. Exigen información pública, controles verificables y rendición de cuentas.
La simplificación administrativa es deseable. Los privilegios indebidos, no.
EL VERDADERO PRECIO DEL REPSE EXPRÉS
Para una empresa, conseguir rápidamente su registro puede representar una oportunidad comercial. Para un gestor, prestar un servicio legítimo.
Pero si la rapidez dependiera de contactos indebidos, el costo sería mucho mayor que los honorarios: quedarían comprometidas la igualdad de trato y la confianza en las instituciones.
El Gobierno federal tiene la oportunidad de demostrar que una administración moderna no necesita intermediarios privilegiados para funcionar.
Porque la pregunta de fondo no es si un REPSE puede resolverse en tres horas.
La pregunta es si cualquier solicitante que cumpla los mismos requisitos puede recibir el mismo trato, sin pagar por supuestas puertas de acceso al poder.
Y esa respuesta no debería venderla un gestor.
Debería poder demostrarla la autoridad.
OBIANA
EL PUNTO CIEGO · Colaboración editorial para Radio Distrito 7
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