El presidente electo Donald Trump lleva más de un año anunciando el regreso de su política migratoria de ‘tolerancia cero’ y el desmantelamiento de la de su predecesor Joe Biden, a quien acusa de haber implementado una estrategia de fronteras abiertas y permitido la entrada al país de «millones de extranjeros ilegales», sin mostrar cifras que lo sustenten.
También ha dicho que, desde el primer día de su segundo gobierno, el 20 de enero, usaría su poder ejecutivo para firmar tantas órdenes ejecutivas como sean necesarias para cambiar reglamentos y volver a cerrar las fronteras, prohibir la entrada al país de ciertos extranjeros, ordenar el comienzo de lo que el califica como las mayores deportaciones de la historia y cancelar una serie de programas, entre ellos los Estatus de Protección Temporal (TPS), la aplicación CBP One, Parole Humanitario (CHNV) y restringir severamente los programas de refugiados y asilo.
La lista luce más larga de lo que hasta ahora el presidente electo y el nominado para ocupar el cargo de zar de la frontera, Tom Homan, han anticipado. La estrategia incluye invocar las secciones 212(f) de la Ley de Inmigración, que faculta al presidente modificar reglamentos migratorios; 243(d), que permite sancionar a países que no colaboran con el gobierno de Estados Unidos en la recepción de sus deportados; o la Serie 1811, un conjunto de reglas para investigadores criminales federales en Estados Unidos.
Esta última aparece en el Proyecto 2025, un documento elaborado por más de 170 líderes conservadores y colaboradores de Trump y del cual el mandatario electo ha intentado desprenderse. Pero el autor del capítulo de inmigración es Homan, quien a partir del 20 de enero se convertirá en la cabeza de la fuerza nacional de deportaciones del nuevo gobierno.
Se activarse la Serie 1811, como parte de esa fuerza participarían, entre otros, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones Especiales del DHS (HSI) y el Servicio Secreto. Todos ellos serían parte de un poderoso grupo nacional que el nuevo gobierno planea utilizar para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas e históricas prometido por Trump y confirmado tanto por el vicepresidente electo, JD Vance, y el propio Homan
La tercera semana de diciembre Homan dio a conocer un nuevo dato sobre las advertidas deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Dijo que el plan de expulsión de extranjeros con antecedentes criminales y órdenes de deportación estaba “en marcha” y que la operación se hará a gran escala, pero que necesitará fondos del Congreso para conseguir los objetivos delineados por Trump durante la campaña y en las semanas posteriores a la elección.
A su vez, el exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el primer gobierno de Trump (nombramiento que nunca fue ratificado por el Senado), dijo que se necesitará un mínimo de “100,000 camas” para encarcelar a inmigrantes. La cantidad señalada por el nuevo zar fronterizo equivale a más del doble de la actual capacidad de ICE, estimada entre 38,000 y 40,000 camas diarias. Pero de conseguir que el Congreso apruebe una solicitud de este tipo requerirá que también autoricen presupuesto para operaciones de arresto, vigilancia en centros de detención y acelerar miles de procesos de deportación, todo ello en el marco del debido proceso migratorio aprobado por el legislativo.
El Proyecto 2025 también incluye una larga lista de acciones que serán ejecutadas como parte del plan de deportaciones masivas. Entre ellas, menciona la cancelación de programas de visas, eliminación de las denominadas ‘zonas sensibles’ donde el personal del ICE tiene prohibido operar y que “deberían ser rescindidos”. Esto significa que lugares como escuelas, hospitales e iglesias, entre otros, se convertirían en potenciales blancos de redadas.
La estrategia añade:
- Extender a nivel nacional del Programa de Deportación acelerada (expedited removal) que actualmente se aplica dentro de las 100 millas de la frontera. Permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar y expulsar de manera acelerada a extranjeros que llevan menos de 14 días en el país. Aquellos con más tiempo deberían ser referidos a un tribunal de inmigración para que un juez de inmigración decida sus futuros en el país, pero los agentes también pueden hacer uso de su amplia discrecionalidad.
- Reactivar el Título 42 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Fue activado en 2020 como parte de las medidas para detener la propagación de la pandemia de covid-19. Simultáneamente se utilizó para detener la entrada de extranjeros y expulsarlos aceleradamente a México.
- Reinstalar el Programa Permanecer en México (MPP). Impide la entrada de extranjeros que llegan a la frontera en busca de asilo y se les regresa a México a esperar en ese país la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.
- Invocar una emergencia de seguridad nacional con el objetivo de cerrar las fronteras.
- Convocar a la Guardia Nacional para que colabore con las fuerzas nacionales de inmigración en el traslado y custodia de extranjeros indocumentados detenidos y colocados en procesos de deportación.
- Levantar campamentos para detener a extranjeros deportables.
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