La tecnología ya puede redactar argumentos jurídicos en segundos. Pero cuando una respuesta parece correcta y no lo es, ¿quién protege a la persona que confió en ella?
Imagine que recibe una demanda. Está preocupado, necesita orientación y decide consultar una herramienta de inteligencia artificial. En segundos obtiene una explicación, referencias legales y hasta una estrategia para defenderse. Todo parece claro. El lenguaje es convincente. La respuesta transmite seguridad.
Hay un problema: usted todavía no sabe si esa información es correcta.
La inteligencia artificial está entrando al mundo de los abogados. Puede ayudar a revisar documentos, organizar expedientes, resumir información y preparar borradores. Actividades que antes requerían horas pueden realizarse con mayor rapidez, aunque el tiempo realmente ahorrado depende de cada tarea y de la revisión necesaria.
Para algunos, esto anuncia una revolución en los servicios jurídicos. Para otros, representa una amenaza para una profesión construida sobre el conocimiento especializado.
Sin embargo, mientras discutimos si las máquinas sustituirán a los abogados, podríamos estar ignorando una pregunta mucho más importante.
¿Qué sucede cuando comenzamos a confiar en respuestas jurídicas que nadie ha verificado?
Una respuesta convincente no siempre es verdadera
En 2023, un caso judicial en Estados Unidos mostró que el problema no era imaginario.
En el litigio Mata contra Avianca, abogados presentaron ante un tribunal referencias a decisiones judiciales inexistentes, generadas mediante inteligencia artificial. El juez impuso sanciones después de examinar lo ocurrido.
La tecnología había producido argumentos con apariencia jurídica. Pero algunas de las sentencias citadas nunca existieron.
El episodio dejó una advertencia: una respuesta puede estar bien escrita, parecer profesional y, aun así, contener información falsa.
Investigadores de la Universidad de Stanford también estudiaron herramientas especializadas de investigación jurídica basadas en inteligencia artificial. Su investigación, publicada en 2025, encontró errores de contenido inventado o incorrecto incluso en sistemas diseñados específicamente para consultar información legal.
Esto no significa que todas las herramientas fallen siempre ni que sus resultados sean inútiles. Significa que la especialización tecnológica, por sí sola, no garantiza exactitud.
Y en el derecho, una equivocación puede afectar mucho más que la calidad de un documento.
Puede comprometer un patrimonio, una relación laboral, la libertad de una persona o el ejercicio de sus derechos.
El verdadero punto ciego: la responsabilidad
Durante años, acudir a un abogado ha significado algo más que obtener información sobre leyes.
Significa confiar en alguien que debe interpretar circunstancias particulares, distinguir riesgos, reconocer excepciones y responder profesionalmente por su actuación.
Una herramienta de inteligencia artificial puede generar una explicación jurídica. Pero eso no equivale a comprender íntegramente un conflicto humano.
Dos personas pueden enfrentar problemas aparentemente idénticos y necesitar soluciones diferentes. Importan los hechos, las pruebas, los plazos, la jurisdicción y las consecuencias de cada decisión.
En julio de 2024, la American Bar Association, organización profesional estadounidense, publicó su Opinión Formal 512 sobre inteligencia artificial generativa. El documento recuerda que los abogados deben atender obligaciones relacionadas con competencia profesional, confidencialidad, comunicación, supervisión y honorarios cuando utilizan estas tecnologías.
Es una orientación estadounidense, no una regla automáticamente aplicable en México ni en otros países.
Pero plantea una cuestión universal: incorporar tecnología no elimina la necesidad de responder por las decisiones profesionales.
Existe además otro riesgo menos visible.
Cuando alguien introduce contratos, expedientes o información personal en una herramienta digital, debe preguntarse quién puede acceder a esos datos, cómo serán utilizados y qué garantías existen para protegerlos.
La confidencialidad no desaparece porque el documento se procese en segundos.
¿Y si la oportunidad fuera otra?
Sería un error concluir que los abogados deben mantenerse alejados de la inteligencia artificial.
Utilizada con criterios adecuados, puede liberar tiempo de actividades repetitivas y permitir mayor atención a los asuntos que requieren juicio profesional, diálogo y comprensión del cliente.
También podría facilitar el acceso inicial a información jurídica para personas que enfrentan barreras económicas o geográficas.
Pero información accesible no significa necesariamente justicia accesible.
Una persona puede recibir una respuesta inmediata y seguir sin comprender sus derechos, sus opciones o los riesgos de actuar.
Por eso, el desafío no consiste solamente en enseñar a los abogados a utilizar nuevas herramientas. También consiste en fortalecer su capacidad para cuestionarlas, verificar sus resultados y reconocer cuándo no deben utilizarlas.
La inteligencia artificial puede cambiar la manera de trabajar en el derecho. Lo que no debería cambiar es la importancia de proteger a las personas.
Quizá hemos formulado mal la pregunta desde el principio.
En lugar de preguntarnos cuándo una máquina podrá reemplazar a un abogado, deberíamos preguntarnos qué ocurrirá cuando dejemos de distinguir entre recibir una respuesta y recibir verdadera orientación jurídica.
Porque en asuntos de justicia, la respuesta más peligrosa no siempre es la equivocada.
A veces es aquella que parece tan convincente que nadie piensa en comprobarla.
OBIANA
Observatorio de Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios
Columna EL PUNTO CIEGO para Radio Distrito 7
