En sesión reciente del Ayuntamiento, votamos en contra del Código de Ética que nos fue presentado para su aprobación. Esta decisión no responde a un desacuerdo con la necesidad de contar con un instrumento normativo que rija el actuar de las personas servidoras públicas, sino a la forma improvisada, poco rigurosa y excluyente con la que fue elaborado y aprobado este documento.
Desde nuestro punto de vista, este Código fue construido al vapor, como respuesta apresurada a los recientes y lamentables actos cometidos por el Subdirector de Gobernación —que son del conocimiento público— y ante la ausencia de una actualización al Código anterior, vigente desde 2021. En lugar de atender la necesidad de fortalecer la ética pública con seriedad, se optó por presentar un documento con deficiencias legales y omisiones preocupantes.
Uno de los aspectos más graves es la falta de diferenciación entre personas servidoras públicas y personas funcionarias públicas. Este error, que desconocemos si fue accidental o deliberado, compromete la aplicabilidad del Código. Más que un documento de buenas intenciones —útil solo para cumplir con indicadores de evaluación como los del IMCO—, lo que se necesita es una norma con verdadera ejecutoriedad: con “dientes”, con mecanismos claros de cumplimiento y sanción.
Actualmente, el Órgano Interno de Control carece de facultades para sancionar a Regidores, al Presidente Municipal o a la Síndica. Y aunque se menciona la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, no se establece una distinción adecuada entre faltas leves y graves. Esta ambigüedad jurídica debilita la eficacia del documento.
Aclaramos que no estamos en contra de comprometernos con principios éticos como los establecidos por la Constitución: respeto a los derechos humanos, legalidad, transparencia, honradez, lealtad e imparcialidad. De hecho, creemos que estos principios deberían ser adoptados no solo por las y los regidores, sino también por integrantes de Consejos Municipales, Comités Técnicos de fideicomisos y personas físicas o morales concesionarias de servicios públicos. Pero para que tenga legitimidad, este compromiso debe sustentarse en un Código construido de forma democrática, participativa y con criterios técnicos sólidos.
No podemos avalar un documento que pretende imponer principios institucionales que sostienen una visión de gobierno que no compartimos y que hemos cuestionado reiteradamente. Nos preocupa especialmente el enfoque sesgado de temas como:
*1. Perspectiva de familia:* Aunque se intenta presentar una visión inclusiva, el contenido mantiene una fuerte carga ideológica que favorece la noción de una “familia tradicional” como modelo preferente, lo cual excluye otras formas de organización familiar ampliamente reconocidas por la legislación nacional e internacional.
*2. Competitividad sin sustentabilidad:* El texto plantea una visión de competitividad que desatiende la urgencia de vincular el desarrollo económico con la protección ambiental. Hoy somos testigos de cómo la actividad inmobiliaria sin control está devastando cerros, contaminando acuíferos y afectando la calidad de vida de nuestras comunidades. Sin un enfoque de desarrollo sostenible, hablar de competitividad es promover un modelo depredador.
*3. Equidad de género:* Aunque se menciona la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres, el enfoque es limitado. La equidad de género debe ser entendida desde una perspectiva interseccional e inclusiva, reconociendo la diversidad de identidades y experiencias. No basta con una mención superficial: se requieren acciones concretas, políticas con enfoque de derechos y un lenguaje acorde a los compromisos internacionales que México ha adoptado.
Adicionalmente, este Código no se construyó a partir de un diagnóstico serio sobre los riesgos éticos del servicio público municipal. Riesgos como el desvío de recursos, el conflicto de intereses, la recepción de regalos indebidos y la opacidad en la gestión no fueron abordados desde una perspectiva preventiva y responsable. Peor aún, el documento no fue sometido a consulta de base con el personal operativo ni construido democráticamente, sino impuesto desde una visión centralista y vertical.
Nos preocupa que se exija «disciplina y lealtad» cuando no se ha promovido una cultura de participación, transparencia y corresponsabilidad en la construcción del documento. Además, aunque se alude a la aplicación del Código a figuras como el Presidente Municipal, la Síndica, Regidores y Comisarios, esto no se establece de manera clara ni se delimita la competencia del Órgano Interno de Control, al que se le asignan facultades sin sustento normativo.
Por todas estas razones, votamos en contra del Código de Ética presentado. Reiteramos nuestro compromiso con los principios éticos del servicio público, pero exigimos que estos se articulen en un marco jurídico sólido, democrático, participativo, inclusivo y verdaderamente eficaz.
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