El 14 de febrero de 2024, Karla Estrella, una mujer de Hermosillo, en Sonora, escribió en X: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. La tuitera se refería a Diana Karina Barreras, quien en ese momento era diputada local en Sonora, se presentaba a la cámara federal y está casada con Gutiérrez Luna, integrante de Morena y presidente de la Cámara de Diputados del país. Por esa publicación, Estrella va a tener que pedir disculpas durante 30 días, pagar una multa, tomar un curso de género y estar inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE durante un año y medio. Barreras la denunció por violencia política de género y el Tribunal Electoral federal la ha sancionado. Este caso se suma a una estela de demandas y andanadas legislativas contra la libertad de expresión encabezada por gobernantes y políticos de Morena.
Son muchas las piezas que se han unido en las últimas semanas. Ha sido inhabilitado y vinculado a proceso el periodista Jorge González, tras la acusación de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de delito de odio; han aparecido denuncias y resoluciones judiciales contra los periodistas Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo, contra los medios de comunicación Código Magenta, Tribuna y SinEmbargo.mx, y contra las usuarias de redes sociales Karla Estrella y Laisha Wilkins. La mayoría fueron denunciados por violencia política en razón de género y todos fueron demandados por figuras vinculadas al partido oficialista. Mientras, el Congreso de Puebla, dominado por Morena, ha aprobado una ley sobre el ciberacoso, que ha recibido el sobrenombre de Ley Mordaza, que amenaza con hasta tres años de cárcel a quien insulte en redes sociales.
“De mayo a la fecha hemos visto un incremento exponencial en estas acciones, particularmente bajo la figura de la violencia política en razón de género. A la par vemos una serie de iniciativas, algunas ya como ley vigente y otras en suspenso, que tienen un claro tufo censor”, explica Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. La organización en defensa de la libertad de expresión ha registrado desde 2019 una escalada en los casos de acoso judicial a periodistas y medios de comunicación hasta llegar a unas 20 denuncias de media al año, es decir, una cada tres semanas contra periodistas mexicanos. “Hemos visto con preocupación el incremento de procesos de índole penal, civil, administrativa contra periodistas, no con la finalidad de reivindicar la violación de algún derecho de la personalidad (como sería la reputación o la imagen), sino con la idea de desgastar al medio de comunicación y al periodista”, apunta Maldonado.
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