El 1 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso dos iniciativas de reforma en materia de seguridad, ambas tienen el fin de darle al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la capacidad de perseguir delitos con inteligencia policial y nuevas tecnologías.
No solo eso, las reformas contemplan que García Harfuch encabece la Estrategia Nacional de Seguridad y pueda tomar las riendas de las policías locales para judicializar casos, todo eso bajo un principio de coordinación con las fiscalías y los secretarios del ramo a nivel local.
Las reformas, una al artículo 21 de la Constitución y la otra al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen también que Omar García Harfuch pueda asumir las funciones de Claudia Sheinbaum en caso de ausencia en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional.
Especialistas consultados por Animal Político advierten que la propuesta no se vislumbra completa sin que Harfuch tenga a su cargo un cuerpo policial y sin especificar dónde quedan las áreas de inteligencia de la Marina y del Ejército.
“Una nueva redacción de la fracción 26 del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propone darle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la calidad de “policía complementaria”.
Tareas de inteligencia: ¿cómo y con qué?
La nueva redacción del artículo 21 constitucional propone darle la facultad a la SSPC de investigar delitos, así como la tiene la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Una reforma propuesta a la tercera fracción del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica federal propone que la SSPC pueda realizar la investigación y persecución de delitos “basada eninteligencia”, con las siguientes herramientas:
- Información estratégica
- Análisis de pruebas
- Colaboración con fiscalías
- Práctica de operaciones especiales
- Aprovechamiento de la tecnología informática
Con personal a su cargo, la SSPC de Harfuch funcionará como una policía ministerial, pues la finalidad de esas actividades es que generen y aporten “elementos de prueba que originen y fortalezcan las carpetas de investigación ministerial”.
“Con la finalidad de que los indicios, datos y pruebas que se recaben sean admisibles a juicio (…) en coordinación con la Fiscalía General de la República”,detalla la iniciativa de Sheinbaum.
En entrevista conAnimal Político, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, expresó su preocupación por la duplicidad de funciones que se observa en estas modificaciones a la ley, no solo con la FGR, sino con las áreas de inteligencia de la Marina y del Ejército, incluso de la Guardia Nacional.
También recordó que, en algún momento, se planteó quitarle a la Fiscalía General las funciones policiacas, atrayendo a la Policía Federal Ministerial a la Secretaría de Seguridad, pero es eso precisamente lo que ha enfrentado a la FGR con otros actores que realizan investigaciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Una reforma que se planteó en su momento era quitarle a la Fiscalía las funciones de policía y concentrarlo en el área de seguridad. Eso permitiría un mucho mejor seguimiento de los casos, porque aunque la ley diga lo de la coordinación, no quiere decir que se cumpla, sabemos que se confrontan entre secretarios y fiscales”, detalló Rivas.
Poder a Harfuch promete una “coordinación vertical”, más que horizontal
Consultada por Animal Político, Teresa Martínez Trujillo, docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, consideró que las reformas prometen que el poder concedido a la SSPC le permitan a su titular, Omar García Harfuch, coordinar los esfuerzos de inteligencia de una manera vertical y no horizontal.
“En este caso es interesante que dote al Secretariado Ejecutivo de la facultades para coordinar y homologar estándares de actualización, como una forma de articular a los tres niveles de gobierno. El Secretariado Ejecutivo siempre ha tenido esta suerte de ser coordinador, pero en el último sexenio funcionó casi como solo un repositorio de información sobre la incidencia delictiva”.
“Ahora, habría que ver si la coordinación será de arriba hacia abajo, más que horizontal […] sobre todo en el tema de coordinar 32 policías estatales –ya hablar de las municipales es otra cosa–. Esta reforma está dándole recursos legales al secretario para tener margen de actuación en los dos pilares de la Estrategia de Seguridad: la inteligencia y la coordinación”, dijo la especialista en políticas públicas en seguridad.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera la capacidad de que los trabajadores de la Secretaría de Seguridad funcionen como “una policía complementaria”, al respecto, Martínez Trujillo dijo que las nuevas capacidades a la dependencia contribuyen a la multiplicidad de las agencias de inteligencia, un problema que se ve en otros países.
A decir de Francisco Rivas, esta multiplicidad de agencias de inteligencia generaría conflictos entre los mandos militares que coordinan la Guardia Nacional y la secretaría de Omar García Harfuch. “¿A qué información se van a apegar los militares, a la de sus unidades de inteligencia o a la que hagan los civiles?”, cuestionó.
En ese sentido, Martínez Trujillo alertó que el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Omar García Harfuch con estas reformas da a entender que el secretario de Seguridad tendría mano en decidir qué información se toma en cuenta para judicializar los casos.
La UIF… ¿un inevitable camino hacia Harfuch?
Ante las nuevas funciones de investigación con inteligencia que tendrá la SSPC, los especialistas fueron consultados sobre si es inevitable que, en algún momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pase a ser parte del ramo de seguridad.
Ambos coincidieron en que eso resulta difícil, ya que la UIF maneja información que en su mayoría es del interés de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, bajo el esquema de coordinación que le otorgan a la SSPC con estas reformas, podría pedirle cualquier información y utilizarla para judicializar casos de lavado de dinero.
“La UIF está implicada en la reforma, de alguna manera, cuando le abren la puerta a Harfuch para pedir información de todo tipo a cualquier dependencia. La UIF es quien tiene toda la información cuando hablamos de lavado de dinero, pero no solo del narco, también sobre evasión de impuestos”, dijo Martínez Trujillo.
Francisco Rivas detalló que no es necesario que la UIF sea parte de la Secretaría de Seguridad porque funcionaría con una buena coordinación incluso si fuera un órgano independiente, como lo es en países como Ecuador y Perú.
“El tema no es dónde la ponen, si no lo que se quiere de ella. Se requiere que forme una lista de personas bloqueadas que sea efectiva y que las investigaciones lleven a procesos judiciales que castiguen estos delitos de los que da cuenta. En el caso de México, más del 90 % de las cuentas bloqueadas se devuelven”, concluyó.
FUENTE:ANIMAL POLITICO
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