Invasión nocturna y falta de respuesta policial
La activista y madre buscadora Beatriz Uscanga fue víctima de un violento atentado en el interior de su domicilio ubicado en el estado de Veracruz. Durante la madrugada, sujetos encapuchados lograron irrumpir a la fuerza en la propiedad, donde la golpearon severamente y la hirieron en el abdomen con un arma blanca, todo ello a pesar de que oficialmente contaba con medidas de protección vigentes emitidas por las autoridades.
Los hechos se registraron aproximadamente a la 1:15 de la mañana, momento en el cual la defensora de derechos humanos se encontraba descansando junto a su hija y su madre. De acuerdo con su testimonio, al percatarse de los ruidos en la entrada principal, intentó sostener la puerta con su propio peso para evitar el ingreso de los intrusos, quienes finalmente lograron romper el marco de madera y penetrar al inmueble.
Una vez dentro, los agresores la agredieron físicamente en repetidas ocasiones en el rostro y diferentes partes del cuerpo. Tras encender las luces, la activista logró observar que los atacantes portaban pasamontañas y vestimenta oscura, y fue en ese instante cuando uno de ellos le propinó dos navajazos en la zona abdominal con la aparente intención de sacarla del domicilio por la fuerza.
A pesar de la gravedad de la situación, Uscanga denunció una total omisión por parte de los cuerpos de seguridad pública. Relató que realizó dos llamadas al servicio de emergencia 911, en las cuales le aseguraron que las patrullas venían en camino; sin embargo, ninguna unidad policial se presentó en el lugar durante la madrugada, sino hasta la tarde del mismo día, cuando los elementos acudieron sin tener conocimiento previo de la agresión armada.
Antecedentes de hostigamiento y búsqueda familiar
Este episodio de violencia extrema ocurre tras una larga cadena de intimidaciones vinculadas directamente con su labor social. La activista comenzó su activismo a raíz de la desaparición de su hijo Sebastián, un joven de 18 años, quien fue visto por última vez el 4 de septiembre de 2025 en el estado de Jalisco, entidad a la que había acudido tras recibir una propuesta laboral engañosa.
Desde el inicio de las indagatorias, Uscanga se trasladó a territorio jalisciense para sumarse a los operativos de localización. Fue precisamente en noviembre de ese mismo año cuando sufrió su primer atentado al ser golpeada al salir de un oficio religioso, acompañada de advertencias para que desistiera de sus exigencias.
Posteriormente, las intimidaciones se trasladaron a su domicilio en Veracruz, donde desconocidos colocaron coronas fúnebres y dejaron diversos recados amenazantes en la entrada. La afectada recalcó que tanto las fiscalías como las instancias municipales tenían pleno conocimiento de estas advertencias previas, por lo que externó su profunda preocupación ante la posibilidad de que exista colusión institucional debido a sus constantes críticas hacia las deficiencias ministeriales.
Exigencia de justicia y deslinde de responsabilidades
Ante la falta de garantías efectivas para salvaguardar su integridad física, la madre buscadora advirtió que no abandonará su domicilio debido a la necesidad de cuidar a su familia, pero dejó en claro que este nuevo suceso representa un punto crítico en su lucha contra la impunidad.
“Creo que esto que me pasó ya es un ataque directo y ya es el segundo y no lo voy a dejar pasar”, afirmó contundentemente al señalar que la agresión no tuvo fines de robo, ya que los sujetos no sustrajeron ningún objeto de valor de su propiedad.
Finalmente, Uscanga emitió una advertencia directa hacia las instituciones encargadas de su seguridad: “Lo que me pase, yo los hago responsables a ellos en su totalidad”. Su caso se suma a las denuncias públicas que ha realizado recientemente sobre el reclutamiento forzado de jóvenes en el país, una problemática que continúa generando exigencias urgentes de intervención por parte de los colectivos de familiares de desaparecidos.
