La resolución sobre la doble tributación del IVA a empresas IMMEX, un criterio que se discute en la Corte desde hace varios años, podría aplazarse hasta 2027, ante la incertidumbre que genera la revisión del T-MEC y el riesgo de que una decisión judicial afecte la certidumbre jurídica y la llegada de inversiones a México.
Aunque la expectativa era que el asunto pudiera resolverse durante este año, el contexto de la revisión del T-MEC y sus posibles repercusiones sobre la inversión podrían influir en los tiempos del máximo tribunal, de acuerdo con Carlos Alberto Burgoa Toledo, especialista de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
En entrevista con LPO, el académico consideró que difícilmente habrá una resolución en los últimos meses de 2026, ante la incertidumbre que rodea la relación comercial de México con Estados Unidos y la necesidad de evaluar los efectos económicos de la decisión.
La cautela también ha sido expresada públicamente por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. En una entrevista, el ministro presidente reconoció que el tribunal analiza «con pies de plomo» los asuntos de alto impacto, ante los cuestionamientos sobre el riesgo de vulnerar la certeza jurídica.
Para el académico de la UNAM, esa incertidumbre mantiene a la Corte un tanto «anquilosada», mientras que el calendario se complica también pues ya estamos en noviembre y no hay señales sobre una resolución, por lo que ve probable que el tema se discuta hasta 2027, una vez que se tenga mayor claridad sobre el rumbo del comercio bilateral con Estados Unidos.
El tema de la incertidumbre jurídica tampoco es menor. El especialista explica que el debate en torno al pedimento V5 – documento aduanero creado en 2003 para transferencias virtuales- puede tener repercusiones también en el ánimo inversionista, pues el esquema, en origen, funcionó precisamente para atraer mayor inversión.
El debate gira en torno al pedimento V5, una clave aduanera utilizada en determinadas operaciones virtuales de transferencia de mercancías bajo el programa IMMEX. Este mecanismo permite realizar transferencias documentales de mercancías que permanecen físicamente en México, sin necesidad de que salgan del territorio nacional.
Empresas alertan que cambios fiscales pueden frenar inversión y preparan presión en el Congreso
La controversia surgió a partir de la interpretación del SAT sobre el tratamiento del IVA en estas operaciones. La autoridad fiscal sostuvo que determinadas transferencias implicaban una enajenación en territorio nacional y, por tanto, estaban sujetas al pago del impuesto, además de cuestionar operaciones en las que consideró que existían retornos simulados.
El asunto confrontó al SAT con empresas manufactureras, que alegaron que el fisco estaba realizando una doble tributación real sobre la misma mercancía. El caso más visible es el de Samsung, que enfrenta un reclamo por parte del organismo que encabeza Antonio Martínez Dagnino por más de 6 mil millones de pesos y cuyo caso forma parte del litigio que analiza la Corte.
El académico de la UNAM considera que la iniciativa original fue positiva para lograr atraer inversiones, por lo que una resolución a favor del SAT podría generar impactos en el largo plazo sobre el ánimo inversionista, en un entorno que ya está marcado por la incertidumbre tanto local como externa.
«Sí le traería ingresos al fisco, pero, por otro lado, detiene o puede ser un factor que detenga la inversión que genera empleo y desarrollo. Se requiere pensar a futuro», dijo el experto.
En el mismo sentido, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional IMEF, dijo a LPO que si bien una resolución a favor del SAT podría generar recaudación adicional para el gobierno federal, no necesariamente todo lo que se recaude representará un ingreso definitivo, ya que podrían existir mecanismos de acreditamiento o devolución del IVA, dependiendo de cada operación.
En contraste, una resolución contraria al criterio del SAT ayudaría a reducir la incertidumbre fiscal que actualmente enfrenta una parte importante de la industria exportadora.
Recordó que la industria IMMEX forma parte de cadenas productivas muy amplias, en las que participan proveedores nacionales, empresas de logística y miles de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, señaló que una afectación a este sector puede extenderse a otras actividades económicas y al empleo.
«Las empresas necesitan reglas claras para planear sus operaciones, contratar personal, realizar inversiones y establecer compromisos de largo plazo», dijo Guitiérrez Mora.
Para la presidenta del IMEF, es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de fortalecer la recaudación y la obligación de ofrecer seguridad jurídica a las empresas.
