Justicia estadounidense presenta cargos contra presunto arquitecto de narcotúneles del Cártel Jalisco Nueva Generación
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó una serie de imputaciones en contra de un ciudadano mexicano de 60 años, identificado como el principal artífice detrás de la planeación y edificación de un sofisticado pasadizo subterráneo transfronterizo empleado para el trasiego masivo de sustancias ilícitas hacia territorio norteamericano en favor de la mencionada estructura criminal.
El individuo, conocido en el ámbito criminal bajo los alias de ‘El Ingeniero’, ‘El Inge’ y ‘Nalgon’, responde al nombre de Luis Manuel Hernández Victoria. Su captura se concretó el pasado 15 de octubre en el estado de Jalisco, durante un despliegue operativo coordinado en el que las fuerzas de seguridad mexicanas confiscaron diversos armamentos y cargamentos de drogas, según detallaron los reportes oficiales emitidos desde la Unión Americana.
La ingeniería detrás del pasadizo subterráneo
Las pesquisas federales apuntan a que Hernández Victoria tuvo un rol fundamental en el diseño y levantamiento de una vía de comunicación clandestina que enlazaba el municipio de Tijuana, en Baja California, con un inmueble comercial operado bajo la fachada del negocio denominado ‘Buy 4 Less’, situado en el número 2498 de Roll Drive, en las inmediaciones de la zona fronteriza de Otay Mesa, en San Diego, California. El descubrimiento oficial de este corredor subterráneo ocurrió el 29 de mayo de 2026.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades encargadas de la procuración de justicia, la obra civil contaba con dimensiones considerables que facilitaban el desplazamiento logístico: una longitud aproximada de 589 metros, una profundidad estimada en 16.7 metros y una altura libre de 1.37 metros.
Asimismo, los peritajes revelaron que el túnel disponía de una infraestructura sumamente avanzada, la cual incluía paredes reforzadas, sistemas de rieles metálicos, ventilación mecánica y conexiones de instalaciones eléctricas. En el momento en que las agencias gubernamentales aseguraron el sitio, confiscaron un cargamento superior a una tonelada de cocaína, cuyo valor comercial en el mercado negro superaba los 45 millones de dólares. Con esta consignación, el sospechoso se convierte en la séptima persona procesada en relación directa con esta indagatoria.
Imputaciones legales y posibles condenas
El expediente judicial abierto en tribunales estadounidenses señala al connacional por un total de cuatro delitos graves. Entre los señalamientos figuran el proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, la asociación delictiva para la construcción o financiamiento de un túnel transfronterizo, así como conspiración orientada a la importación y tráfico de sustancias controladas.
La gravedad de los cargos conlleva sanciones severas. En lo referente al financiamiento de infraestructuras subterráneas y el respaldo logístico a grupos criminales, el acusado podría enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de 500 mil dólares por cada cargo. Por otra parte, los ilícitos vinculados directamente con la introducción masiva de drogas al país contemplan penas corporales máximas que van desde los años de reclusión severa hasta la cadena perpetua, además de multas económicas que podrían ascender a los 10 millones de dólares.
Al respecto de la aprehensión y los procesos en curso, el fiscal estadounidense Adam Gordon declaró que el imputado participó activamente en la consolidación de infraestructuras complejas destinadas exclusivamente al trasiego de drogas. Las líneas de investigación siguen abiertas y son coordinadas de manera conjunta por diversas instituciones de seguridad nacional e internacional, entre las que destacan Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Patrulla Fronteriza estadounidense.
