Jalisco aprueba nueva reforma legal para castigar el acoso vehicular contra peatones y ciclistas

El Congreso del estado de Jalisco ha dado luz verde a una importante modificación en su marco normativo de tránsito, estableciendo penalizaciones severas para aquellos automovilistas, operadores de transporte público, unidades de carga o vehículos oficiales que hostiguen, intimiden o pongan en riesgo a los usuarios más vulnerables de las calles. La medida busca erradicar las malas prácticas al volante que tradicionalmente han afectado a quienes se desplazan a pie, en bicicleta o mediante dispositivos de movilidad personal.

¿Qué se considera como intimidación vial en la nueva legislación?

La figura jurídica denominada oficialmente como Intimidación Vial quedó integrada dentro de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado. De acuerdo con el dictamen aprobado, esta falta contempla el uso de un vehículo motorizado, sea de servicio público o particular, de manera negligente o deliberada o agresiva, con una intención de reclamo, mediante conductas que busquen generar miedo, presión o sometimiento en personas usuarias de la vía con derecho preferente, sin que sea necesario que se produzca un dañó físico directo.

Esto significa que las autoridades podrán sancionar a los infractores incluso si no se ha registrado un impacto material o una lesión corporal, ya que el simple hecho de emplear el automotor para amedrentar constituirá una falta grave merecedora de un castigo administrativo.

Sanciones severas y perspectiva de género

Los conductores que incurran en estas conductas hostiles enfrentarán penas corporales significativas. La normativa establece que los infractores podrán ser sometidos a una sanción de 24 a 36 horas de arresto administrativo incorregible.

Asimismo, la reforma contempla un enfoque especializado cuando las agresiones tengan motivaciones sexistas. En las penalizaciones también se describe a las conductas intimidatorias cometidas por razón de género, y a los agresores se les impartirán cursos obligatorios de sensibilización a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), con la finalidad de erradicar la violencia machista también en el espacio público.

Conductas prohibidas y el abuso del tamaño vehicular

La autora de la iniciativa, la legisladora Mariana Casillas, explicó durante el proceso legislativo que el espíritu de la ley busca frenar la desigualdad de poder en las vialidades urbanas, donde históricamente se ha utilizado la pesadez de los automotores como herramienta de imposición.

Es así que se castigará a aquellas personas que dirijan o aproximen su vehículo de manera abrupta, sigan o persigan de manera persistente, o embistan a peatones, o a usuarios de otros medios de transporte no motorizado, expuso la legisladora, al señalar que “hay conductores de autos, pero también del transporte público que utilizan el tamaño y el peso de sus vehículos como una forma para ejercer violencia sobre quienes nos desplazamos en bicicleta o que vamos caminando”.

Reglas estrictas de rebase y convivencia vial

Como parte de las disposiciones complementarias para garantizar la integridad física de quienes circulan sin motor, se establecieron obligaciones precisas para los automovilistas. Los conductores de vehículos motorizados en cualquiera de sus variantes, quienes deberán rebasar a los ciclistas por el carril de la izquierda, guardando una separación prudente y reglamentaria.

La ley exige mantener un margen lateral de al menos metro y medio de distancia cuando la persona ciclista esté en movimiento, así como conservar un espacio considerable cuando se desplacen de forma paralela, y una distancia de por lo menos cinco metros cuando el ciclista se encuentre detenido esperando su derecho de paso en cruces o semáforos.

Un cambio cultural en la movilidad urbana

Para los impulsores de esta legislación, el objetivo principal trasciende el aspecto punitivo, apuntando hacia una transformación profunda en la manera en que la sociedad concibe el espacio público y la jerarquía de los traslados diarios.

“Ya de una sanción o un ejercicio punitivo. También significa empezar a cuestionar los privilegios que históricamente hemos construido alrededor del automóvil. Significa reconocer que las calles no le pertenecen únicamente a quienes tienen un coche. Y que en la ciudad no puede organizarse poniendo siempre por encima la velocidad y la comodidad de los vehículos particulares”, manifestaron los promotores de la iniciativa.

Finalmente, se reitera que en la Ley no se condiciona a las sanciones a la existencia previa de un choque o atropellamiento, consolidando un cambio de paradigma legal que prioriza la seguridad psicológica y física de peatones y ciclistas frente al abuso automovilístico en Jalisco.