Ex contralmirante ligado al huachicol fiscal teme por su vida si regresa a territorio mexicano
La situación jurídica de Fernando N, ex contralmirante de la Secretaría de Marina y familiar directo del ex titular de dicha institución, Rafael Ojeda, continúa bajo análisis en el cono sur, mientras su defensa legal insiste en los riesgos que implicaría su repatriación. De acuerdo con las declaraciones del abogado defensor Epigmenio Mendieta, el ex mando naval permanece privado de la libertad en territorio argentino, a la espera de que los tribunales de ese país definan su situación legal tras los señalamientos que lo vinculan con una red de contrabando de energéticos.
El equipo legal del exfuncionario ha manifestado una profunda preocupación ante la posibilidad de que su cliente sea enviado de regreso a México. Según la defensa, este temor no es infundado, ya que se sustenta en una serie de eventos violentos que han cobrado la vida de al menos ocho personas relacionadas directa o indirectamente con esta investigación federal, incluyendo a imputados, testigos clave y elementos tanto de la Secretaría de Marina como de la Fiscalía General de la República, quienes han perdido la vida en circunstancias poco esclarecidas.
Una red de complicidades y el fantasma de la violencia
El impacto de esta red de corrupción, conocida comúnmente como huachicol fiscal, ha trascendido el ámbito administrativo y financiero para convertirse en un asunto de alta seguridad. Los homicidios reportados en torno al expediente han encendido las alertas de los representantes legales del ex contralmirante, quienes argumentan que las garantías para salvaguardar su integridad física son insuficientes en caso de pisar suelo nacional.
Al respecto, el defensor legal fue contundente al señalar la gravedad de la situación mediante una declaración directa: “Es real que se han privado de la vida a ocho personas derivado de estos hechos”, apuntando al clima de inseguridad y amenaza que rodea a los involucrados en esta trama de corrupción institucional.
El estatus del proceso de extradición en Argentina
Durante la mañana del martes 18 de agosto, el equipo legal mantuvo comunicación directa con el ex mando naval para informarle sobre las especulaciones y los trascendidos mediáticos en torno a un supuesto traslado inminente hacia México. Ante este escenario, la defensa advirtió que cualquier intento de deportación o entrega fuera de los cauces legales establecidos constituiría una clara violación al derecho internacional y a las garantías fundamentales del procesado.
Los abogados defensores recordaron que actualmente se encuentran pendientes de resolución dos recursos fundamentales: por un lado, el proceso formal de extradición solicitado por el gobierno mexicano y, por el otro, una petición formal de asilo político presentada ante las autoridades de la nación sudamericana.
En cuanto al futuro judicial del ex contralmirante, la defensa precisó que “el inicio del juicio de extradición está programado para el próximo 27 de agosto”, fecha en la cual un juez evaluará las pruebas presentadas por ambas partes. Asimismo, se recordó que en el mes de abril pasado el acusado compareció formalmente ante un magistrado federal argentino para ser notificado sobre la solicitud emitida por la justicia mexicana.
Bajo este panorama, los representantes legales subrayaron que resulta jurídicamente improcedente dar por sentado un fallo antes de que concluyan las etapas procesales correspondientes en los tribunales del país austral, reiterando que la batalla legal por definir el destino del exfuncionario apenas se encuentra en su fase decisiva.


