Defensa de juez mexicano detenido en Colombia exige que su proceso se realice en su país natal
La defensa legal del magistrado mexicano Luis Benítez Alcántara, quien fue recientemente arrestado en territorio colombiano, solicitó de manera formal que cualquier investigación o deslinde de responsabilidades sobre su desempeño sea conducido exclusivamente por el Estado mexicano y no por la justicia de Estados Unidos, nación que reclama su entrega mediante una solicitud de extradición bajo cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.
A través de un comunicado oficial emitido este viernes, el abogado defensor Miguel González Sánchez argumentó que «cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades, y no por estados diferentes como en este caso se ha buscado».
Captura en Bogotá y acusaciones internacionales
El juzgador mexicano, de 49 años, fue interceptado el pasado domingo en las instalaciones aeroportuarias de Bogotá por elementos de la policía local en una operación coordinada con el Buró Federal de Investigaciones, conocido como el FBI, cuando se disponía a tomar un vuelo comercial con destino final en la Ciudad de México, según detallaron las autoridades colombianas.
Las fuerzas de seguridad de Colombia catalogaron la aprehensión del funcionario como un golpe contundente contra el aparato de soporte legal y las redes de corrupción institucional al servicio del Cártel de Sinaloa. Por su parte, el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol en el país sudamericano, señaló que el juez se encontraba en la capital colombiana presuntamente con el propósito de entablar encuentros clandestinos y coordinar operaciones con facciones criminales locales orientadas al envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Actualmente, el impartidor de justicia permanece bajo custodia en territorio colombiano a la espera de que avancen los procedimientos jurídicos necesarios para su traslado a la unión americana. En aquel país, enfrenta una acusación formal emitida por un gran jurado federal que comprende nueve cargos, entre los cuales destaca el delito de encubrimiento posterior a los hechos, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia.
Vínculos con el caso del ‘Chapo canadiense’
Durante el año 2024, el juez Benítez tuvo bajo su supervisión los expedientes relacionados con los procesos de extradición del ciudadano canadiense Andrew Clark, quien es señalado en tribunales estadounidenses de colaborar en la dirección de una red de tráfico de estupefacientes presuntamente liderada por el exatleta olímpico de invierno Ryan Wedding, apodado en las investigaciones como el ‘Chapo canadiense’. Antecedentes del caso indican que Benítez ordenó la liberación de Clark en 2025 tras presuntamente aceptar sobornos.
Pocos días después de haber obtenido su libertad, Clark fue recapturado por las autoridades y deportado a Estados Unidos, donde ahora enfrenta graves procesos judiciales por narcotráfico y homicidio.
No obstante los señalamientos en su contra, la representación legal del juez en Colombia rechazó rotundamente las acusaciones, asegurando que su cliente «no ordenó la liberación o buscó que Andrew Clark se sustrajera de la justicia, su decisión, como se demostrará, fue en derecho y dentro del marco de la legalidad». Asimismo, el abogado defensor puntualizó que su equipo mantiene disposición para colaborar con los requerimientos legales pertinentes, siempre bajo el respeto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
En paralelo, el Tribunal de Disciplina Judicial en México dio a conocer mediante un comunicado que inició una investigación de oficio para esclarecer las conductas atribuidas al funcionario. La instancia judicial precisó que Benítez acumula cuatro investigaciones en curso relacionadas con sus funciones previas, aunque ninguna de ellas está conectada directamente con los motivos que propiciaron su captura internacional.
