Personal perteneciente al Poder Judicial de la Federación llevó a cabo la suspensión de actividades este viernes 6 de noviembre en aproximadamente 40 sedes distribuidas en diferentes entidades de la República mexicana. La protesta surge como una manifestación de rechazo absoluto hacia el nuevo modelo de evaluación de desempeño, el cual encuentra sus bases en la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024.
Desde tempranas horas del día, los empleados adheridos a los sindicatos se apostaron en los accesos principales de sus centros laborales. Paralelamente, organizaron diversas manifestaciones públicas en puntos estratégicos, contemplando acciones específicas dentro de la capital del país para presionar a las instancias correspondientes.
“Lo único que va a hacer que regresemos a nuestra oficina va a ser que la Oficina de Administración Judicial deje sin efectos ese acuerdo y que no se nos aplique. Que nos evalúen, sí, pero que hagan otro acuerdo”, declaró una inconforme durante las movilizaciones matutinas.
Temor a sanciones y afectaciones laborales
El conflicto gira en torno a un acuerdo publicado previamente en el Diario Oficial de la Federación, el cual programa las evaluaciones obligatorias para el mes de diciembre. Pese a la normativa, los manifestantes argumentan que el documento actual contempla sanciones que vulneran de manera directa sus garantías y estabilidad laboral.
Los inconformes puntualizan que el rechazo no se dirige hacia la evaluación como un mecanismo de mejora institucional, sino hacia las repercusiones punitivas que podrían derivar en la pérdida de sus puestos de trabajo, un escenario que consideran inaceptable para la carrera judicial.
Protestas con impacto vial en Tabasco
En el estado de Tabasco, la situación escaló con la participación de aproximadamente mil 200 trabajadores pertenecientes al décimo circuito del PJF, quienes determinaron suspender labores por tiempo indefinido en la ciudad de Villahermosa. Como parte de su protesta, realizaron cortes parciales a la circulación en la avenida Gregorio Méndez.
José Felipe Ochoa Landero, quien funge como representante del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación, emitió una advertencia sobre la posibilidad de endurecer las medidas de presión en caso de no obtener una respuesta favorable por parte de los directivos.
“Esta movilización no va a ser pasiva, va a ser una movilización activa”, enfatizó al manifestar que las acciones podrían derivar en el cierre indefinido de vialidades y recintos oficiales.
Presencia del paro en diversas entidades federativas
Las muestras de descontento no se limitaron al sureste mexicano, ya que la jornada de protestas y paros parciales o totales se replicó en múltiples demarcaciones territoriales del país, reflejando un descontento generalizado entre la base trabajadora:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Michoacán
- Sinaloa
- Oaxaca
- Yucatán
- Puebla
- Chiapas
- Guerrero
- Nuevo León
- Guanajuato
- Baja California
La postura oficial del Órgano de Administración Judicial
Ante la ola de inconformidades y los bloqueos registrados, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un posicionamiento oficial para desmentir que el proceso de evaluación constituya una amenaza para la continuidad laboral del personal.
De acuerdo con la versión institucional, el examen tiene una naturaleza estrictamente diagnóstica, por lo que descartaron que existan consecuencias de carácter punitivo o individual que pongan en peligro las plazas de los trabajadores.
“La evaluación no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial (…) será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación (…). Su propósito es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia”, detalló la dependencia a través de un comunicado.
El #OAJ informa que la Evaluación del Desempeño no pone en riesgo ningún empleo en el PJF
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— OAJ (@OAJ_Mex) November 6, 2026
A pesar de que el OAJ externó su apertura al diálogo para escuchar las inquietudes de la base trabajadora, enfatizó que no se contempla la anulación o modificación del esquema de evaluaciones programadas, al considerarlo una obligación legal indispensable para detectar áreas de oportunidad y optimizar las funciones de la institución.
