El trasfondo de la relación entre Santiago Peña y el Grupo Vázquez
El derrumbe financiero de Ueno Bank, una de las instituciones de mayor peso en Paraguay, desató un terremoto político sin precedentes que culminó con la salida anticipada de Santiago Peña de la presidencia de la nación sudamericana. Si bien el exmandatario jamás figuró formalmente como propietario o accionista de la entidad bancaria, su cercanía con el empresario Miguel Vázquez —principal accionista del conglomerado— y su respaldo institucional a las operaciones del banco lo colocaron en la mira de la opinión pública y de los órganos de fiscalización.
Los lazos comerciales y de inversión entre Peña y el círculo de Vázquez se remontan al periodo comprendido entre 2019 y 2025, una etapa previa a su llegada a la primera magistratura del país en 2023. No obstante, estas conexiones cobraron un cariz sumamente delicado tras su investidura presidencial, momento en el cual el banco comenzó a captar un flujo extraordinario de recursos estatales que encendió las alarmas sobre posibles conflictos de interés en la administración pública.
La masiva transferencia de fondos públicos hacia Ueno Bank
Uno de los puntos angulares que detonaron la investigación contra el exgobernante fue la decisión de inyectar capital del Estado en la mencionada entidad financiera. Reportes de la agencia Bloomberg revelan que el gobierno federal canalizó más de 800 millones de dólares hacia el banco, estableciendo una cifra sin precedentes que posicionó al aparato estatal como uno de los depositantes más importantes de toda la estructura corporativa.
Esta concentración de recursos públicos experimentó un incremento exponencial tras la consolidación jurídica de Ueno como banco y su posterior fusión con Visión Banco durante el año 2024, maniobra que lo catapultó hasta convertirse en el sexto banco más grande de Paraguay en términos de volumen de depósitos. Para finales de septiembre, las arcas estatales representaban aproximadamente el 20 por ciento de los ahorros gubernamentales en el sistema financiero nacional, incluyendo sumas millonarias pertenecientes al fondo de seguridad social.
Ante los crecientes cuestionamientos de la oposición y de diversos sectores económicos, Peña defendió firmemente las operaciones de su administración con la institución financiera. A finales de 2024, el entonces mandatario desestimó los señalamientos sobre presuntas irregularidades y tachó las críticas de formar parte de una “campaña mediática mezquina y mentirosa”, insistiendo en que las acciones del Ejecutivo buscaban salvaguardar los intereses de los ahorradores.
Irregularidades crediticias e intervención de los reguladores
Las dudas en torno a la viabilidad económica de la institución se intensificaron en 2025, cuando especialistas de BID Invest, el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, inspeccionaron las oficinas centrales ubicadas en Asunción mientras evaluaban la adquisición de una participación accionaria. Durante la revisión, los expertos detectaron anomalías significativas, tales como préstamos cruzados entre sociedades del Grupo Vázquez y una tasa de morosidad artificialmente baja de apenas el 2 por ciento.
A pesar de que BID Invest ya había otorgado un financiamiento cercano a los 20 millones de dólares a Ueno en 2024, los auditores constataron que el organismo multilateral no había recuperado la totalidad de los recursos prestados. El panorama empeoró drásticamente en septiembre de 2026, cuando filtraciones de documentos internos divulgadas por la prensa local expusieron deficiencias graves en las políticas de concesión de créditos.
Como consecuencia de estos hallazgos, el Banco Central de Paraguay instrumentó una auditoría exhaustiva que derrumbó los índices de solvencia del banco por debajo de los umbrales legales establecidos. Ante la imposibilidad de sostener sus operaciones, las autoridades procedieron a la intervención formal de la institución, decretando su estado de insolvencia y quiebra técnica.
Colapso político, destitución y repercusiones judiciales
El impacto del colapso bancario se extendió de inmediato hacia los altos mandos económicos del Estado. Carlos Carvallo, quien se desempeñaba como presidente del Banco Central y que anteriormente había laborado como directivo en las empresas del grupo de Vázquez, presentó su renuncia irrevocable pocos días después de que se ordenara el cierre definitivo de la entidad.
Paralelamente, la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la moción para iniciar el proceso de destitución del jefe de Estado. Ante el inminente juicio político en el Senado, Santiago Peña optó por dimitir formalmente de su cargo, en una sesión que concluyó sin acuerdos definitivos debido a la abrupta retirada de varios legisladores en señal de protesta.
En un mensaje emitido a través de plataformas digitales, el exmandatario enfatizó que su prioridad fundamental consistía en asegurar la devolución del dinero a los paraguayos que confiaron sus ahorros a Ueno, cuyo cierre dejó a cientos de miles de usuarios sin posibilidad de retirar sus fondos. Tras el desplome financiero, Miguel Vázquez y otros altos ejecutivos del banco fueron aprehendidos por las fuerzas de seguridad durante operativos en los que se confiscaron bienes suntuarios en Asunción, mientras el empresario enfrenta un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
