El proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno propone cambios en los mecanismos de seguimiento y corrección de la regla fiscal, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y credibilidad de las finanzas públicas.
Explica ANIF, que la propuesta mantiene el límite de deuda en 71% del PIB y el ancla de deuda en 55% del PIB. Además, establece que cada gobierno entrante deberá expedir un decreto con las metas mínimas de ahorro estructural para sus cuatro años de administración.
Estas metas deberán considerar que la deuda retorne progresivamente a su nivel ancla en un horizonte de 10 años.
La fórmula actualmente estipulada quedaría como referencia y, si el Gobierno establece una meta menos exigente, deberá explicar la diferencia ante el Congreso.
Una cuenta para controlar los desvíos
Entre las novedades está la creación de la Cuenta de Control de la Regla Fiscal, que acumulará cada año la diferencia entre el balance primario neto estructural observado y la meta fijada mediante decreto.
Si los desvíos acumulados llegan a -0,5% del PIB, se activará un mecanismo de corrección automática.
El Gobierno deberá presentar al Congreso, en el año siguiente, un plan de ajuste para llevar la cuenta a cero en un plazo máximo de dos años.
Si el plan no es aprobado o no logra corregir el desvío, entrarían en funcionamiento topes automáticos al crecimiento del gasto público.
La deuda también activaría límites al gasto
Los límites dependerían del nivel de deuda pública. Si la deuda del año anterior es inferior a 63% del PIB, los gastos de personal y de bienes y servicios del Estado no podrían crecer por encima de la inflación.
Cuando la deuda sea igual o superior a 63% del PIB, también se limitaría el crecimiento de la inversión y las transferencias, con excepción de las correspondientes a seguridad social y las de orden constitucional. Además, no podrían autorizarse nuevas vigencias futuras.
La propuesta contempla un mecanismo adicional que dependería exclusivamente del nivel de deuda y que operaría incluso si el Gobierno cumple su meta fiscal.
Cuando la deuda neta se ubique entre 63% y 71% del PIB, los gastos de personal podrían crecer como máximo a la inflación más 0,5 puntos porcentuales, mientras que los gastos de bienes y servicios solo podrían aumentar al ritmo de la inflación.
Si la deuda alcanza o supera 71% del PIB, el Gobierno tendría que presentar un plan de ajuste en marzo y no podría autorizar nuevas vigencias futuras.
Además, los gastos de personal, bienes y servicios, inversión y transferencias tendrían restricciones adicionales de crecimiento.
El Gobierno actual también tendría restricciones
Según las proyecciones presentadas por ANIF, las nuevas disposiciones entrarían en vigor a partir de 2027.
En un escenario de aprobación de la reforma y ajuste fiscal, la deuda neta del Gobierno Nacional Central se mantendría por encima de 63% del PIB.
La proyección señala que la deuda alcanzaría 64,4% del PIB en 2027.
Esto obligaría a la administración actual a establecer topes al crecimiento de los gastos de personal y de bienes y servicios a partir de 2028.
Estos límites podrían endurecerse si posteriormente se presentan desviaciones frente a las metas del Balance Primario Neto Estructural.
En caso de aprobarse el proyecto, el Gobierno tendría hasta el 31 de marzo de 2027 para publicar el decreto con los límites del Balance Primario Neto Estructural.
