Los primeros 90 días de Abelardo De la Espriella al frente de la Casa de Nariño han estado marcados por acontecimientos atípicos que se apartan por completo del tradicional periodo de gracia que suelen disfrutar los nuevos mandatarios. Mientras que administraciones pasadas dispusieron de semanas iniciales para organizar sus prioridades y consolidar equipos de trabajo, este Ejecutivo debió hacer frente a una grave calamidad pública tan solo tres días después de asumir el poder, además de lidiar con modificaciones repentinas en su equipo de ministros y con serios obstáculos para impulsar sus proyectos en el poder Legislativo.
Al contrastar este arranque con el de sus antecesores, sobresale una mezcla de contingencias fiscales y emergencias nacionales que ya habían condicionado a gobiernos anteriores, junto con dinámicas propias de esta gestión: una notable rotación de altos funcionarios, la fragilidad de las mayorías parlamentarias y la urgencia de tramitar una ambiciosa reforma tributaria. El pasado 7 de agosto de 2026, el actual jefe de Estado inició su mandato con una hoja de ruta centrada en 90 decretos, planes de choque enfocados en salud y seguridad, una reducción en las dimensiones del Estado y una propuesta de sometimiento para estructuras armadas ilegales.
Una catástrofe natural que reconfiguró las prioridades
No obstante, la agenda oficial sufrió un vuelco drástico debido al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región del Eje Cafetero y el occidente del país el 10 de agosto. La respuesta gubernamental se tradujo en la declaratoria de desastre nacional mediante el Decreto 1171 y en la adopción de una emergencia económica a través del Decreto 1261, complementadas con la creación del Fondo Milagro y la ampliación del esquema de Obras por Impuestos.
Esta declaratoria de excepción se oficializó apenas 12 días después de la posesión presidencial, un lapso considerablemente más breve si se compara con otros mandatarios que apelaron a herramientas similares. La revisión histórica demuestra que las crisis imprevistas han marcado los arranques de distintos gobiernos, aunque con matices diversos. Juan Manuel Santos afrontó la emergencia económica desatada por el Fenómeno de La Niña en diciembre de 2010, transcurridos cuatro meses desde su llegada al poder, mientras que en su segundo periodo en 2014 el proceso de paz condicionó el panorama político y fiscal.
Por su parte, Iván Duque no experimentó catástrofes de gran magnitud durante sus primeros 100 días en 2018, aunque posteriormente debió gestionar la pandemia del Covid-19. Gustavo Petro, en tanto, comenzó su administración en 2022 bajo los estragos de una fuerte temporada de lluvias que motivó la declaratoria de desastre nacional, pero sin recurrir a la emergencia económica. En el caso actual, el sismo alteró la ruta gubernamental desde el principio y abrió un flanco complejo en materia institucional y presupuestal, cuya constitucionalidad aún debe evaluar la Corte Constitucional, bajo el antecedente reciente de la suspensión provisional del decreto de emergencia dictado por Petro en enero.
Las cifras macroeconómicas también reflejan estas tensiones. El Presupuesto General de la Nación para 2027 se fijó en COP$634,9 billones y debió expedirse por decreto tras un tropiezo en el trámite legislativo. De esa suma total, aproximadamente COP$391 billones se destinan a funcionamiento, COP$155 billones al pago del servicio de la deuda y COP$88 billones a rubros de inversión.
Inestabilidad en el gabinete y en las entidades clave
Otro aspecto distintivo de estos primeros meses ha sido la velocidad con la que se han producido relevos en la administración pública. En un lapso de 89 días, dos ministros abandonaron sus cargos: Viviane Morales en la cartera de Educación y Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior. Este último salió tras 75 días de gestión y su puesto fue asumido por Alejandro Ordóñez.
Un análisis elaborado por la firma Sonar contabiliza además más de siete salidas de funcionarios de primer orden y cuatro nombramientos anunciados que no llegaron a concretarse. La inestabilidad no se redujo al gabinete ministerial, ya que Ecopetrol experimentó tres presidencias diferentes durante el mes de septiembre, al tiempo que el DANE y Colpensiones sufrieron cambios en sus direcciones al poco tiempo de haberse efectuado las designaciones iniciales.
En contraste con administraciones pasadas, donde el primer cambio ministerial solía demorarse entre cinco y trece meses, el actual Ejecutivo ha tenido que reemplazar fichas clave durante su primer trimestre, etapa en la cual la consolidación de equipos resulta prioritaria. Las causas de estas salidas han sido variadas: desde motivos personales en el sector educativo hasta la pérdida de respaldo político tras el hundimiento del trámite presupuestal en el caso de la cartera de Interior. Esta alta rotación genera riesgos de retraso en los procesos y siembra incertidumbre sobre la continuidad institucional.
Un Congreso fragmentado frente a la ley de rescate económico
En el frente fiscal, el Gobierno radicó el proyecto de ley 477 de 2026, bautizado como Ley de Rescate Económico, con el propósito de lograr un ajuste equivalente a COP$70,2 billones entre 2027 y 2030, lo que representa un 4,1% del PIB, y estabilizar la deuda neta en un 64,2%. La iniciativa contempla que el 70% de dicho ajuste provenga de recortes en el gasto corriente, incluyendo una reducción del 20% en el costo de la planta de personal para 2028 y la disminución a la mitad de los contratos de prestación de servicios.
En materia de ingresos, la propuesta incluye modificaciones tributarias polémicas, tales como elevar del 5% al 19% el impuesto al valor agregado (IVA) para productos de la canasta básica como café, cereales procesados, aceites, grasas y harinas, prometiendo compensaciones a partir de 2028. Aunque durante la campaña se prometió desmontar gravámenes como el 4×1.000 y eliminar el impuesto al patrimonio, el texto legislativo actual mantiene ambas obligaciones con modificaciones en sus umbrales.
La viabilidad de esta reforma descansa sobre una coalición legislativa que, si bien declara contar con 63 de los 103 senadores, enfrenta fisuras evidentes y una oposición dispuesta a bloquear iniciativas clave. Muestra de ello fue la elección de la mesa directiva del Senado, donde Honorio Henríquez se impuso con 56 votos frente a los 45 obtenidos por Alfredo Deluque.
Popularidad presidencial y desempeño en seguridad
En lo que respecta a la opinión pública, el respaldo ciudadano no ha sufrido un desplome abrupto, aunque tampoco alcanza los picos históricos registrados por algunos predecesores. Las mediciones ubican la aprobación del mandatario en un 51,8% durante septiembre y en un 48,7% en octubre, cifras que lo sitúan en una posición intermedia en comparación con los arranques de administraciones pasadas al cumplirse el día 89 de mandato.
La política de seguridad se ha consolidado como uno de los principales pilares de la gestión. La suspensión de los diálogos de paz, el anuncio de retomar las aspersiones aéreas y la construcción de nuevas megacárceles se apegan a los compromisos adquiridos en campaña. El Ejecutivo reportó 32.503 capturas y la incautación de 125 toneladas de clorhidrato de cocaína en sus primeros dos meses, indicadores que contrastan con el aumento del 2% en los homicidios y del 11% en las masacres registrados entre enero y agosto, frente a una reducción del 45% en los casos de secuestro.
A pocos días de cumplirse los primeros 100 días de administración, el Gobierno de Abelardo De la Espriella enfrenta el reto definitivo de demostrar gobernabilidad, encauzar la ejecución de recursos para la emergencia, asegurar el futuro de su agenda fiscal en el Congreso y navegar un escenario político donde la luna de miel ha sido reemplazada por una prueba de fuego institucional y económica.
