Juicio político histórico y caída del expresidente
El exmandatario paraguayo Santiago Peña fue confinado a prisión domiciliaria bajo graves acusaciones de abuso de confianza y tráfico de influencias, momentos después de que el Poder Legislativo decidiera su destitución definitiva. La medida se concretó a raíz del estrecho vínculo de su administración con la crisis financiera de una entidad bancaria que paralizó los fondos de una porción masiva de la ciudadanía.
La totalidad de los 44 senadores presentes respaldaron la destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Este acontecimiento marca un hito institucional al tratarse de el segundo presidente paraguayo destituido mediante juicio político desde la culminación del régimen dictatorial en 1989.
La resolución del Senado provocó la inmediata celebración de multitudes congregadas en las inmediaciones del edificio legislativo. Ciudadanos afectados, jubilados y jóvenes manifestaron su júbilo con emblemas patrios tras el repentino derrumbe de uno de los gobiernos considerados más estables de la región sudamericana.
La intervención oficial del Ueno Bank, ejecutada apenas jornadas antes, desató una profunda tormenta económica y provocó la crisis política más severa que afronta la nación en más de una década.
#URGENTE | Así fue trasladado Santiago Peña de su residencia bajo custodia policial 🚨
⚠️ El destituido expresidente Santiago Peña fue retirado de su domicilio y trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, donde quedó recluido en carácter de detenido, por disposición de las… pic.twitter.com/4SkOSjfLNW
— Ñanduti (@nanduti) November 7, 2026
Investigación por desvío de recursos públicos
La orden judicial establece que Peña debe permanecer en su residencia ubicada en Asunción a la espera de su declaración ante el Ministerio Público por delitos que contemplan penas de hasta 10 años de prisión. Los congresistas sostienen que el exgobernante utilizó su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno, mientras las instancias de control omitían supervisar operaciones crediticias de alto riesgo.
Por su parte, el exmandatario ha rechazado categóricamente haber incurrido en conductas ilícitas. Agentes policiales custodiaron el perímetro residencial durante la noche ante la presencia de manifestantes que organizaron vigilias para evitar cualquier intento de evasión.
Paralelamente, las autoridades judiciales emitieron órdenes de captura contra figuras clave del sector financiero, incluido el anterior director de la firma previa al banco. En tanto, Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el periodo constitucional que concluye en agosto de 2028, heredando un escenario de alta tensión social y demandas urgentes de restitución económica.
En su última comunicación institucional antes del veredicto, Peña declaró: «Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas».
La presión social se mantiene firme en las calles de la capital, donde los ahorradores exigen responsabilidades penales y la recuperación inmediata de su capital inmovilizado, coreando consignas dirigidas hacia los centros penitenciarios donde ya guardan prisión algunos directivos vinculados a la entidad.
Impacto generalizado en la economía y medidas de respuesta
El colapso financiero limitó de manera drástica el acceso de los usuarios a sus cuentas y medios de pago electrónicos. La institución había captado masivamente a sectores vulnerables y no bancarizados mediante incentivos comerciales, integrando a más de 1 millón de paraguayos al sistema financiero formal.
Los efectos colaterales alcanzaron a diversos sectores productivos y sociales. Una plataforma de transporte digital suspendió sus operaciones afectando a 3 mil conductores, mientras que fondos internacionales destinados a proyectos de infraestructura por un valor de 21 millones de dólares permanecen retenidos. Asimismo, los títulos soberanos paraguayos sufrieron depreciaciones considerables en los mercados internacionales y la moneda local experimentó una cotización desfavorable frente al dólar.
Las autoridades monetarias iniciaron esquemas parciales de devolución, priorizando a los titulares con menores saldos y destacando que el sistema de garantías cubre aproximadamente al 97 por ciento de los clientes, reiterando que la estabilidad general del sistema se mantiene resguardada.
En el ámbito penal, la fiscalía formalizó cargos contra 27 personas vinculadas a la administración de la entidad, logrando la incautación de bienes suntuarios como vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves privadas asociadas a los principales investigados.
