Violencia y destrozos opacan segunda protesta ciudadana por la crisis de agua limpia en Guadalajara

Una nueva convocatoria ciudadana en el estado de Jalisco para exigir el derecho al agua potable derivó en confrontations y actos vandálicos en las calles principales de la capital tapatía. Desde el inicio de la concentración, la tensión aumentó debido a la presencia de individuos encapuchados equipados con herramientas contundentes, cuya participación fue rechazada por los asistentes que buscaban una movilización pacífica.

Los propios inconformes increparon a los agitadores y los acusaron de venir de otros estados con el único propósito de desvirtuar la protesta legítima. Ante el rechazo generalizado, los grupos con el rostro cubierto adoptaron una postura agresiva, empleando palos, tubos y haciendo detonar más de 50 dispositivos explosivos de fabricación casera durante el trayecto.

La situación de violencia escaló rápidamente cuando los atacantes comenzaron a arrojar objetos contra fachadas de negocios locales, destruyendo cristales y logrando irrumpir en una tienda departamental y en un centro joyero para saquear mercancía. Asimismo, uno de los artefactos estallados hirió al corresponsal del periódico La Jornada, mientras que reporteros y ciudadanos recibieron constantes amenazas de los vándalos.

Como medida preventiva ante los posibles riesgos, el Gobierno estatal ordenó el cierre operativo temporal de las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad pertenecientes a la red de transporte masivo en el Centro Histórico. No obstante, las restricciones de movilidad no impidieron que la violencia se propagara por los inmuebles públicos y privados del primer cuadro de la ciudad.

Ataques directos contra edificios emblemáticos y patrimonio histórico

El principal blanco de los destrozos fue el Palacio de Gobierno, sitio donde los agresores realizaron pintas en los muros, rompieron cristales y lograron arrancar cámaras de vigilancia tras escalar las paredes exteriores. Testigos señalaron que una mujer y varios menores de edad apilaron cartón y basura para prender fuego en los accesos principales del recinto.

Los disturbios también alcanzaron las instalaciones del Congreso del Estado, donde la puerta principal fue incendiada y las vallas de protección metálicas resultaron derribadas. Posteriormente, un escenario similar se repitió en la parte posterior del Palacio de Justicia, donde se quemaron contenedores de basura y registros eléctricos antes de que los atacantes abordaran vehículos sin placas para intentar huir del sitio.

Ante la escalada de daños en hoteles, restaurantes y mobiliario urbano, diversos contingentes de civiles decidieron actuar por cuenta propia al percatarse de que los encapuchados traían objetos punzocortantes y agredían directamente a la multitud. Varios ciudadanos lograron someter a algunos de los agresores tras despojarlos de sus implementos de ataque, entregando a los implicados a los elementos de seguridad local.

Por su parte, la ciudadanía manifestó su descontento generalizado debido a que no hubo intervención por parte de las policías durante los momentos más críticos de los desmanes. Mientras los contingentes pacíficos continuaban exigiendo a las autoridades locales y metropolitanas el restablecimiento de un servicio de agua potable seguro y de calidad tras años de deficiencias, los operativos para contener los destrozos y asegurar la zona se mantuvieron de forma tardía.