A principios de este 2023, ya advertíamos lo que el tiempo nos ha ido demostrando que sería un mal negocio, viéndolo desde el punto de vista de la ciudadanía, claro está. En este caso -porque hay mucha tela de dónde cortar- nos referimos al aumento de la tarifa de transporte, hecho que atenta contra lo que la propia Constitución estatal reconoce como elementos de la movilidad: calidad, accesibilidad y eficiencia.

Aquí bien cabe dejar en claro que, la movilidad urbana es un elemento primordial no sólo en su relación con el transporte, sino como un medio para promover y alcanzar niveles de competitividad, ya que a través de garantizar este derecho, es que la población puede realizar las actividades tanto recreativas como laborales necesarias, y en consecuencia, lo ideal es que las opciones de transporte con las que cuenta la población sean seguras, de calidad, además de accesibles y asequibles.

De ahí que surja la inconformidad: el pasado 5 de abril, los Consejos Consultivos de Ciudad Juárez y de la capital, tras poner sobre la mesa lo que es una realidad para la población respecto al servicio de transporte insuficiente e ineficaz, deciden que, la única salida es un insultante aumento a la tarifa, sin un análisis detallado de las propias condiciones de las personas concesionarias y mucho menos una justificación sólida.

Y es que, por mencionar un ejemplo, a mediados del año anterior la Ciudad de México aumentó la tarifa de transporte público en $1 para quedar en $6 y mantenerse como la entidad con la tarifa más baja; contrario al caso de Chihuahua, para autorizar dicho aumento, el sector transportista debió acreditar PREVIA y PUNTUALMENTE que cumplían con 15 puntos respecto a imagen y seguridad, para de esta manera justificar ante la ciudadanía el incremento.

En Chihuahua, con la aprobación de instancias de gobierno, se decidió como es costumbre, cargar primero la mano a la ciudadanía y dejar para luego de 90 días, la exigencia a los transportistas de cambiar unidades, cubrir puntualmente con los recorridos, dotar de rutas suficientes y en sí, cumplir con lo que la propia les obliga como mínimo.

Si a esto le sumamos que la tarifa en Chihuahua es de las más caras del país, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que informa que la tarifa promedio a nivel nacional es de $9 y sabiendo que hay ciudades como Campeche, Chetumal Tuxtla Gutiérrez, Colima y Tepic y Mérida en donde se realiza un cobro que oscila entre los $7 y $8, tenemos que en Chihuahua bajo ninguna óptica se justificaba ni el aumento y mucho menos el abandono a la ciudadanía.

Al día de hoy, ya se cumplieron los 90 días y sólo vemos que las deficiencias en el transporte no inmutan a las autoridades que en su momento salieron a dar la cara a la ciudadanía prometiendo condiciones que difícilmente se alcanzarían con una decisión tan unilateral. Hoy sin duda alguna, pareciera que el plazo otorgado a las personas concesionarias se anotó en un calendario inalcanzable, imperentorio de 90 días… pero con 500 noches.

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