La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló este martes de la implementación de una nueva Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que establece la creación de una Alerta Inmediata Nacional. Este mecanismo legal obligará a todas las autoridades de seguridad, procuración de justicia y transporte a activar protocolos de búsqueda desde las primeras horas tras un reporte de desaparición.
Durante la conferencia matutina, La Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que esta legislación ya fue aprobada y que su publicación oficial será en los próximos días.
La nueva norma contempla una coordinación inmediata entre fiscalías estatales, comisiones de búsqueda, aeropuertos, centrales de autobuses, carreteras y plataformas tecnológicas públicas, para reducir drásticamente los tiempos de respuesta en los primeros momentos críticos.
La jefa del Ejecutivo refirió que la idea es que desde que se emite el reporte, se genere una alerta de búsqueda en todo el país. Esto no puede seguir dependiendo del criterio o voluntad local. Será una obligación nacional”, afirmó Claudia Sheinbaum.
Funcionamiento de la Alerta Inmediata
El sistema incluye:
- Activación automática de alerta nacional ante el reporte de desaparición.
- Difusión en terminales de transporte, medios de comunicación, plataformas digitales oficiales y sistemas de videovigilancia pública.
- Notificación directa a todas las fiscalías estatales, al Instituto Nacional de Migración y a corporaciones policiacas.
- Coordinación con autoridades fronterizas y fuerzas federales.
El modelo busca acelerar la localización de personas desaparecidas y evitar dilaciones burocráticas que, según expertos y familiares, han sido un obstáculo persistente en miles de casos.
Además de establecer un protocolo unificado, la ley prevé el fortalecimiento operativo y presupuestal de las Comisiones Estatales y Nacional de Búsqueda, con reglas claras para el intercambio de información, asignación de recursos y sanciones por omisión o negligencia.
México registra más de 115 mil personas desaparecidas o no localizadas desde que comenzaron los registros oficiales en 2006, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. La gran mayoría sin esclarecer.
La nueva ley pretende cerrar esa brecha institucional, y será uno de los ejes del plan de justicia y derechos humanos de la actual administración.
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