La Fiscalía General de la República y del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que la DEA (Administración de Control de Drogas) habría iniciado una investigación formal contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales.
Lo anterior debido a una investigación de que el funcionario estatal opera en la frontera norte de México.
De acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, la indagatoria incluye una revisión detallada de cuentas bancarias en Texas, Nuevo México y Nevada, presuntamente relacionadas con el edil y su círculo cercano.
Una fuente federal anónima señaló que se detectaron movimientos financieros atípicos, realizados en efectivo, que habrían llamado la atención de las autoridades estadounidenses desde 2023.
“Hay indicios de triangulación de recursos, ingresos no declarados y transferencias a nombre de terceros. No podemos confirmar aún una acusación formal, pero la investigación está en curso”, precisó la fuente.
Sin embargo, la actual escalada de violencia refuerza sospechas sobre el accionar del alcalde chihuahuense.
Cabe destacar que la investigación trasciende en medio de una ola de violencia en Ciudad Juárez, donde en lo que va del mes de julio se han registrado más de 39 homicidios, muchos de ellos en zonas identificadas como puntos críticos de narcomenudeo.
Es de destacar que no es la primera vez que se cuestiona la gestión de Pérez Cuéllar, las recientes declaraciones del alcalde han generado fuerte controversia.
En una entrevista reciente, minimizó los hechos violentos afirmando que “estos hechos son entre ellos”, en alusión a enfrentamientos entre bandas criminales.
Lo anterior ha provocado críticas de ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y empresarios locales, quienes acusan al edil de omisión grave, e incluso de posibles vínculos con grupos delictivos.
De acuerdo con los datos preliminares que maneja la DEA, la indagatoria también abarca propiedades en El Paso y Albuquerque, supuestamente registradas a nombre de familiares y socios políticos del alcalde, así como empresas fachada utilizadas para justificar transferencias superiores al millón de dólares.
Aunque las autoridades mexicanas no han emitido comentarios oficiales, trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya estaría al tanto del caso.
Fuente: DEA y Fiscalía General de la República
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