Demanda panista exige castigo más allá de renuncias
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional intensificó la presión política y jurídica en torno al escándalo administrativo que sacude al órgano encargado de organizar los comicios federales. Ante la sede ministerial, la fuerza opositora interpuso una formal querella judicial contra quien resulte responsable por los presuntos conflictos de interés y la asignación irregular de contratos a proveedores vinculados con el círculo cercano de la exdirectiva del organismo.
El líder nacional del instituto político, Jorge Romero, advirtió que la dimisión del cargo de la expresidenta del instituto no constituye una solución suficiente para cerrar un caso de esta magnitud. Durante su posicionamiento ante los medios de comunicación congregados en las instalaciones ministeriales, enfatizó la urgencia de llegar hasta las últimas consecuencias legales para sanear la administración del árbitro electoral.
“Si se comprueban actos de corrupción o de conflicto de interés, que se castigue a quien se tenga que castigar. No puede ser que con una destitución nos quieran hacer creer que ahí mueren las cosas; tenemos que limpiar por completo al Instituto Nacional Electoral”, declaró de manera categórica el dirigente político al fijar postura sobre las anomalías detectadas en las adquisiciones.
🔵🎦 #EnVivo | Desde la Fiscalía General de la República, acompáñanos a presentar una denuncia relacionada con el @INEMexico.
¡Defender la democracia y la legalidad es defender a México! 🇲🇽#UnINELibre #INESinMorena https://t.co/S4dpQ2WwTC
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 27, 2026
Solicitan cruce de información con dependencias fiscales y financieras
La acción legal impulsada por la fuerza política busca que la representación social agrupe y analice los expedientes que ya obran en poder de diferentes instancias de fiscalización y recaudación fiscal. El propósito central es rastrear el destino del presupuesto público asignado a las compras institucionales y esclarecer los nexos comerciales con la empresa Cajas Graf, ligada a José Alfredo Hernández Casillas, quien fungía como colaborador cercano en la presidencia del organismo.
Asimismo, los representantes jurídicos del partido solicitaron que se ponderen los antecedentes que otras dependencias gubernamentales poseen sobre las firmas mercantiles involucradas en este esquema de triangulación de recursos. La intención es configurar una indagatoria integral que determine el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en la adjudicación de convenios con distintos organismos públicos locales.
“Presentamos una denuncia de hechos para exigir que esta fiscalía consolide todas las carpetas que, como sabemos, existen en la UIF, en el SAT, en el mismo órgano de control, y nos digan hasta el último contrato en que se ha ejercido el dinero público del INE”, puntualizó el dirigente partidista durante su encuentro con la prensa.
Garantías de legalidad de cara a los próximos comicios
En el plano institucional, la salida de la anterior administración del organismo autónomo derivó en la designación temporal de Blanca Cruz como titular provisional de la presidencia, mientras el poder legislativo define el procedimiento definitivo para ocupar la vacante en un plazo estimado de casi un mes.
Pese a los cambios en la estructura directiva, la oposición insistió en que el proceso de renovación interna debe estar acompañado por una fiscalización exhaustiva que disipe cualquier sombra de duda sobre la imparcialidad del árbitro comicial, especialmente cuando el calendario político contempla elecciones de gubernaturas, ayuntamientos y cargos de representación popular.
“No hay manera de entrar a una nueva elección con la más mínima duda de la legitimidad de su autoridad electoral”, sentenció el líder partidista al recalcar que la credibilidad de las instituciones constituye un pilar indispensable para la estabilidad democrática del país.
