Niega Sheinbaum complicidad de trabajadores de Petróleos Mexicanos en el histórico decomiso de combustible ilegal en Guanajuato
Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los avances en torno al aseguramiento histórico de 59 millones de litros de huachicol registrado días atrás en territorio guanajuatense, respondiendo directamente a los cuestionamientos sobre una posible red de complicidad al interior de la empresa productiva del Estado.
Ante la pregunta expresa de si existían empleados de Petróleos Mexicanos detenidos o implicados en este esquema de contrabando, la titular del Ejecutivo federal descartó que, hasta el momento, se haya detectado la participación directa de personal de la institución energética en los hechos investigados.
Declaraciones oficiales y el curso de las indagatorias
La mandataria federal fue enfática al señalar que las pesquisas continúan su curso para deslindar responsabilidades, advirtiendo que de encontrarse elementos probatorios contra cualquier trabajador, se procederá conforme a la ley sin distingos de ningún tipo.
“En el caso de contrabando de conbustible, si hay una persona de Pemex involucrada, se presentará la denuncia, hasta ahora no se ha encontrado a ninguna persona de Pemex que esté involucrada en el robo de combustible directamente, se está haciendo la investigación”, aseguró Sheinbaum.
Asimismo, la administración federal detalló que las aprehensiones ejecutadas hasta el momento han involucrado a diversos actores, entre los que figuran servidores públicos, distintos agentes aduanales y personal perteneciente al sector privado.
Por su parte, Raquel Buenrostro, al frente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó que la instancia a su cargo no mantiene abiertas indagatorias vinculadas específicamente con el llamado huachicol fiscal, aclarando que esta situación obedeció a la naturaleza jurídica del caso, el cual ameritó de manera directa una vía de carácter penal y no meramente administrativa.
Origen del operativo y la dimensión del aseguramiento
Las investigaciones formales iniciaron formalmente el pasado 3 de julio a través de la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. El punto de partida fue la aprehensión de un individuo que realizaba la descarga irregular de carburante desde una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una estación de servicio situada en el municipio de San Luis de la Paz.
Dicho suceso permitió a las autoridades ministeriales profundizar en una ruta de distribución ilícita que culminó en el cateo simultáneo de tres predios en la entidad. El despliegue más significativo ocurrió el jueves 17 de septiembre en un parque industrial de la comunidad La Fragua, sitio donde se confiscaron los 59 millones de litros de hidrocarburo de procedencia presuntamente ilegal, una cantidad volumétrica equivalente a unos 2 mil autotanques de Pemex.
La postura de las empresas involucradas
Tras las diligencias realizadas en San José Iturbide, la Fiscalía General de la República determinó que las pesquisas pasarían formalmente a manos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada para agotar todas las líneas de investigación disponibles.
En paralelo, firmas del sector privado mencionadas en las inmediaciones de los hechos fijaron su postura pública. Grupo SIMSA aseguró mediante comunicados oficiales que la terminal de almacenamiento de petrolíferos vinculada a la zona opera bajo total legalidad, respaldada por el permiso correspondiente con una vigencia de 30 años.
De igual manera, Gas Natural del Noroeste, corporativo integrado a Grupo SIMSA, reiteró que sus instalaciones cuentan con los avales normativos y regulatorios vigentes, mientras las autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias ministeriales para fincar responsabilidades a todos los implicados en la cadena de suministro de este combustible ilegal.
