Modificaciones fiscales al autotransporte en la ley de ingresos encarecerían la cadena de suministro nacional

La industria del autotransporte de carga en México se encuentra en alerta ante las recientes modificaciones hacendarias que contemplan una reducción en el umbral de ingresos para acceder a un beneficio fundamental de operación. Esta medida, impulsada en el ámbito legislativo, amenaza con elevar de manera considerable los gastos operativos de las empresas del sector y generar un efecto dominó que terminaría por golpear los bolsillos de los consumidores finales a través de mayores precios en productos y servicios.

Un recorte que afecta la competitividad logística

El conflicto surge a raíz de la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados dentro de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, la cual disminuye de 300 a 250 millones de pesos el límite máximo de ingresos para que las compañías transportistas puedan aplicar el estímulo fiscal que permite acreditar hasta el 50 por ciento del gasto destinado al pago de autopistas de cuota.

Frente a este panorama, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Augusto Ramos Melo, enfatizó que este esquema no debe interpretarse como un privilegio tributario, sino como una herramienta indispensable para equilibrar los elevados costos que implica transitar por la red carretera de cobro del país.

El dirigente gremial explicó que la modificación afectará directamente a numerosas compañías que, a pesar de superar el nuevo tope financiero establecido por las autoridades, continúan cargando con fuertes erogaciones mensuales por concepto de combustibles, peajes, mantenimiento preventivo y correctivo, pólizas de seguro, esquemas de financiamiento, adquisición de nueva flota y pago de nóminas.

Sobre este tema, el representante empresarial advirtió sobre las repercusiones prácticas de la ley:

“Las decisiones fiscales no quedan solo en papel, tienen consecuencias en la operación de las empresas, en la cadena de suministro y en los costos que finalmente enfrentan los negocios y las familias mexicanas.”

Retos operativos y complejidad en las carreteras

Desde la perspectiva de la organización transportista, el volumen de ingresos brutos no refleja con fidelidad la verdadera salud financiera de una empresa del sector, ya que una parte sustancial de su capital se reinvierte de manera constante para mantener las unidades circulando. Por esta razón, el organismo solicitó al Gobierno federal y al Senado mantener la cifra tope en 300 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, evitando así una marginación abrupta de actores económicos medianos y grandes.

Como alternativa de solución, el sector propuso la implementación de un modelo de carácter proporcional. Este esquema permitiría conservar un nivel de acreditamiento gradual incluso cuando las compañías rebasen ligeramente el límite fijado, evitando la pérdida total del beneficio de golpe.

Aunado a la carga tributaria, la industria enfrenta un escenario adverso marcado por la incidencia delictiva en las carreteras nacionales. El robo de camiones y mercancías no se limita a la pérdida material de un activo, sino que provoca la paralización temporal o definitiva de los ingresos operativos de la empresa afectada.

Durante los procesos de recuperación, trámites legales y liberación jurídica de las unidades retenidas, las obligaciones financieras siguen corriendo. Esto ha obligado a las compañías a destinar recursos adicionales a la instalación de sistemas de rastreo satelital, tecnologías de geolocalización, programas de capacitación continua y estrictos protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los operadores.

Llamado al diálogo y búsqueda de acuerdos

A pesar de haber sostenido diversas mesas de negociación con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y legisladores, la industria lamenta que hasta el momento no se haya logrado concretar un acuerdo que garantice la viabilidad financiera de las empresas de transporte.

No obstante, la organización reconoció el esfuerzo legislativo expresado a través de las reservas presentadas por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, cuyo objetivo es replantear las reglas de aplicación del estímulo fiscal.

El impacto de estas decisiones trasciende al gremio transportista, ya que cualquier incremento en los costos de traslado repercute de manera directa en los precios de la cadena logística, afectando a industrias, comercios y centros de distribución en todo el territorio nacional.

Por este motivo, la dirigencia de CANACAR reiteró su exigencia a las autoridades hacendarias y legislativas para reconsiderar las condiciones del decreto antes de que la presión operativa genere desequilibrios irreversibles.

“El autotransporte de carga no solicita privilegios, sino condiciones que permitan a las empresas competir, invertir, generar empleos y cumplir con sus obligaciones”, concluyó el líder sectorial.