Los desafíos de credibilidad que enfrenta el Instituto Nacional Electoral frente a los próximos procesos democráticos
Durante abril de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tomó una determinación que marcaría un punto de inflexión en su relación con el poder político. En aquella ocasión, la autoridad electoral anuló las postulaciones de Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. La resolución salió adelante por un margen estrecho de seis votos contra cinco, bajo el argumento de que ambos perfiles omitieron reportar gastos de precampaña valuados en 20 y 50 mil pesos. Sin embargo, el trasfondo incluyó señalamientos por delitos sin sentencia contra el primer candidato, mientras que el segundo fungió como un afectado indirecto de la coyuntura.
El costo político y los intentos de reforma constitucional
A pesar del impacto político que este fallo representó para los aliados del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, las consecuencias institucionales no tardaron en materializarse. Doce meses después, el organismo enfrentó una iniciativa de reforma constitucional impulsada desde el Ejecutivo con la intención de modificar radicalmente su estructura. Aunque el proyecto fue catalogado por diversos sectores como una ofensiva desproporcionada, este no prosperó legislativamente gracias a la presión ciudadana. Dos masivas movilizaciones en favor del organismo autónomo motivaron a las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción National a abandonar las negociaciones, bloqueando la mayoría calificada de dos terceras partes indispensable para avalar los cambios.
A pesar de haber superado aquel embate legislativo, el desgaste derivado de la confrontación con una administración de alta popularidad mermó el respaldo social hacia el árbitro electoral. Sus niveles de aceptación pública experimentaron un descenso de aproximadamente 80% a 70% en diversos sondeos. Paralelamente, estudios regionales como el Latinobarómetro situaron la aprobación del organismo en un 53%, posicionándolo como el segundo ente comicial con mejor evaluación en América Latina, únicamente por debajo del Servicio Electoral de Chile.
Nuevos escándalos y la urgencia de recuperar la confianza ciudadana
El panorama institucional volvió a complicarse recientemente tras destaparse señalamientos por presuntos actos de corrupción al interior del organismo. Como consecuencia directa de estas indagatorias, la titular de la institución presentó su dimisión al cargo, exigiendo «no anticipar conclusiones sobre el asunto y que este se dirimiera por las vías institucionales». Independientemente de los resultados que arrojen las investigaciones ministeriales, los recientes acontecimientos han erosionado de manera considerable la confianza pública hacia el órgano responsable de organizar los sufragios en el país.
Esta situación añade un grado extremo de complejidad a las labores operativas de la institución de cara a las próximas jornadas comitivas federales y locales. En este escenario adverso, el organismo se encuentra obligado a demostrar contrarreloj no solamente su capacidad logística para ejecutar votaciones eficientes, sino también la pulcritud y honestidad que han caracterizado históricamente sus procedimientos.
Acciones indispensables para garantizar la integridad institucional
Para superar esta crisis de legitimidad, el Instituto Nacional Electoral deberá intensificar sus protocolos de transparencia, robustecer los mecanismos de fiscalización abiertos a la ciudadanía y a los partidos políticos, y blindar sus procesos internos de control. Asimismo, la actuación frente a conductas irregulares tendrá que ser categórica y sin excepciones. En esta etapa de saneamiento institucional, no se puede tolerar ningún grado de impunidad, abarcando desde los consejeros generales hasta los mandos medios y operativos del servicio electoral.
La misión fundamental de la instancia encargada de los comicios radica en asegurar a los actores políticos y a la población que cualquier vulnerabilidad administrativa ha quedado erradicada de forma definitiva. Resulta indispensable no únicamente separar de sus cargos a los infractores de la ley, sino sellar cualquier resquicio que ponga en entredicho la calidad de sus servicios y la confianza depositada por la ciudadanía en sus procesos democráticos.
