La Reforma de la Guardia Nacional es un paso más hacia la militarización total de la seguridad pública en México, diluyendo las barreras que históricamente han separado las funciones militares de las civiles, este plan parece consolidar el control absoluto del ejército sobre una institución que, originalmente, debía ser civil y encargarse de la seguridad pública.
La reforma está diseñada para erosionar los principios de la democracia y otorgar poder casi ilimitado a las fuerzas armadas, lo cual puede tener graves consecuencias para los derechos civiles y el equilibrio de poderes en el país.
Puntos críticos de la reforma: Militarización disfrazada de seguridad pública: Aunque se presenta como una fuerza de seguridad pública, la Guardia Nacional estará conformada casi enteramente por personal militar.
Esta propuesta convierte a México en un experimento de control militar en tiempos de paz, algo que recuerda a los gobiernos autoritarios que se justifican en la «seguridad» para suprimir derechos civiles.
Presidencia y SEDENA como eje de poder: El presidente tendrá el poder de nombrar al titular de la Guardia Nacional, pero bajo la «recomendación» de la SEDENA, centralizando la toma de decisiones en las manos del poder ejecutivo y militar, lo que deja de lado la autonomía y control civil sobre una institución clave.
Control presupuestal en manos del ejército: Permitir que la SEDENA maneje el presupuesto de la Guardia Nacional representa un peligroso paso hacia la consolidación de un estado militarizado, donde los recursos públicos estarán controlados por el ejército sin la transparencia y rendición de cuentas que debería prevalecer en un Estado democrático.
Estrategia Nacional de Seguridad bajo mando militar: Aunque la Secretaría de Seguridad Pública diseñe las políticas, la implementación quedará en manos de la SEDENA, lo que significa que las fuerzas armadas tendrán el control final sobre las operaciones de seguridad pública, eliminando cualquier semblante de control civil en el proceso.
Jurisdicción militar exclusiva: Los elementos de la Guardia Nacional solo podrán ser juzgados por tribunales militares, lo que crea una peligrosa falta de transparencia y responsabilidad. Esto asegura que, en caso de abusos o violaciones de derechos humanos, los responsables solo enfrenten una justicia interna y opaca, lejos del escrutinio público.
Labores de investigación militarización de la justicia: Con la Guardia Nacional asumiendo funciones de investigación, se militariza también el sistema de justicia. Esto representa un riesgo directo a los derechos fundamentales y al debido proceso, ya que una fuerza militar no está preparada ni diseñada para asumir estas delicadas tareas en un estado de derecho.
Desplazamiento del personal civil: El personal de la extinta Policía Federal, una institución que en teoría tenía formación para funciones civiles de seguridad, será despedido. Esto marca el fin del modelo civil y democrático de seguridad pública, para dar paso a un cuerpo completamente militarizado y bajo la disciplina castrense.
Ley de Seguridad Interior legalización del estado militarizado: El Congreso estará facultado para crear una Ley de Seguridad Interior que permitirá que las fuerzas armadas intervengan en la seguridad pública de manera regular, borrando la línea entre las funciones civiles y militares. Esto podría legitimar el uso del ejército en cualquier aspecto de la vida pública, consolidando un estado de excepción permanente.
Militares en funciones civiles: La reforma abre la puerta para que los militares puedan desempeñar funciones civiles, diluyendo aún más los límites constitucionales que durante décadas han sido un pilar de la democracia mexicana. En tiempos de paz, los militares podrán encargarse de funciones no relacionadas con la defensa, lo que abre la posibilidad de abusos de poder y un control autoritario bajo la justificación de la seguridad.
Agregar comentario