La incertidumbre de los excombatientes ante el nuevo mandato
En medio de los espesos bosques del sur del territorio nacional, marcados por años de confrontaciones armadas, un grupo de antiguos integrantes de milicias aguarda con desconcierto. Deben definir si el gobierno de Abelardo De la Espriella les permitirá integrarse a la vida civil o si las circunstancias los empujarán nuevamente a la clandestinidad.
Un total de 86 hombres y 13 mujeres representan los únicos combatientes que completaron su proceso de dejar las armas bajo el paraguas de la estrategia de concordia impulsada por la administración anterior. Esta política buscaba persuadir a unos 29 000 integrantes de estructuras armadas financiadas por el narcotráfico para que cesaran las hostilidades. Actualmente, permanecen en complejos habitacionales donde se les prometió asistencia médica y medio año de capacitación ocupacional.
No obstante, la postura del actual mandatario y de la Casa Blanca ha calificado los diálogos previos como una simulación. El nuevo jefe de Estado ha comenzado a desmantelar los acuerdos de su antecesor, Gustavo Petro, situando a los firmantes en un escenario de total vulnerabilidad. Desde su investidura el pasado 7 de agosto, el actual gobernante impulsa lo que podría constituir la campaña militar más fuerte contra la criminalidad organizada en más de una década.
“Demostramos al Estado que éramos capaces de deponer las armas”, afirmó Darwin Cuajiboy, de 32 años, residente del campamento ubicado cerca de la frontera con Ecuador. “Nos preocupa que el Gobierno que está asumiendo el poder pueda decir que todo ha terminado”.
Acciones armadas y un panorama financiero complejo
En sus primeras semanas de gestión, las autoridades ordenaron operativos frente a por lo menos tres organizaciones ilegales. Durante una incursión desarrollada el 10 de agosto en inmediaciones limítrofes, las fuerzas estatales reportaron la baja de dos presuntos insurgentes del ELN, organización que respondió posteriormente mediante un bombardeo con aeronaves no tripuladas que dejó un militar muerto y varios heridos.
Por su parte, los mercados analizan si la ofensiva gubernamental beneficiará a la industria petrolera y a otros sectores golpeados por el conflicto prolongado. El país afronta restricciones presupuestarias severas, agravadas por el impacto de un fuerte movimiento telúrico registrado la semana anterior, el cual generó pérdidas calculadas en 10 000 millones de dólares.
La ajustada diferencia en las urnas refleja la división social frente al rumbo nacional. Casi la mitad de los sufragantes apoyó a la opción contraria que abogaba por la continuidad de los pactos, lo que anticipa resistencia social frente al enfoque de mano dura impulsado desde la presidencia.
Reconstrucción militar y advertencias estratégicas
Las estructuras criminales se benefician de ingentes recursos provenientes de cosechas récord de cocaína y del uso de tecnología bélica avanzada, extendiendo su influencia más allá de los enclaves selváticos mediante células urbanas.
En contraste, las instituciones de defensa enfrentan desventajas operativas tras la salida de mandos experimentados y el distanciamiento con socios internacionales. Esto obliga al actual gobierno a reestructurar la fuerza pública de manera simultánea a su despliegue operativo.
“La situación de seguridad a la que se enfrenta el nuevo Gobierno es deplorable”, afirmó el ex general Alberto José Mejía, ex comandante de las Fuerzas Armadas. “Van a tener que hacer algo así como arreglar el avión mientras está en el aire”.
El futuro de los antiguos militantes en la provincia de Putumayo sigue sin definirse. Mientras las comunidades locales albergan expectativas de prosperidad económica tras una eventual pacificación, sectores rurales temen que la intensificación de los operativos convierta nuevamente la región en un escenario de confrontación generalizada.
