El nuevo anteproyecto financiero del máximo tribunal genera tensiones con el ejecutivo federal
La administración federal ha manifestado su firme oposición al proyecto financiero proyectado por el máximo tribunal del país para el ejercicio fiscal de 2027. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su descontento ante la propuesta económica aprobada recientemente por el Pleno del tribunal, la cual contempla un incremento del 12.7% en comparación con los recursos asignados durante el año en curso.
La mandataria federal fue tajante al calificar la iniciativa financiera y señaló directamente lo que considera una persistencia de condiciones ventajosas dentro del órgano impartidor de justicia. «No a los privilegios», rechazó la jefa de Estado al ser consultada por los medios de comunicación sobre este incremento, agregando de manera tajante: «No está bien».
En su argumentación, la titular del Ejecutivo federal ironizó sobre la dinámica institucional que experimentan los funcionarios al asumir sus cargos en el recinto judicial. «Algo pasa cuando entran a ese edificio. Como que se transforman. Serán los espíritus del pasado», declaró con dureza ante la prensa.
Los detalles de la propuesta y las cifras en disputa
El documento financiero que ha encendido el debate fue avalado el pasado 6 de agosto por los integrantes del Pleno. Dicho plan contempla un gasto total estimado en 6 mil 104.5 millones de pesos para el año 2027. Este incremento representa un desafío político y administrativo, tratándose además de la primera planeación económica elaborada bajo la nueva composición del tribunal tras la reciente reforma estructural del sector judicial.
La controversia no es exclusiva del ámbito gubernamental externo, ya que al interior del propio tribunal surgieron voces disidentes. Tal es el caso de la ministra Lenia Batres, quien argumentó públicamente que el alza proyectada transgrede los lineamientos de contención del gasto y austeridad republicana promovidos desde el gobierno federal.
Justificación institucional y puntos de fricción
Frente a los cuestionamientos, la representación del poder judicial ha defendido la necesidad de estos recursos bajo el argumento de que ocho de cada 10 pesos solicitados se destinarán de manera directa al cumplimiento de obligaciones laborales, incluyendo salarios y prestaciones del personal operativo y administrativo.
Asimismo, las autoridades del tribunal sostuvieron que el presupuesto permitirá dar continuidad a diversos esquemas de modernización tecnológica e innovación institucional, además de cumplir con compromisos operativos esenciales para garantizar la impartición de justicia.
Sin embargo, uno de los aspectos que mayor polémica ha despertado es la asignación de recursos destinada a la contratación de un esquema de seguro de gastos médicos mayores dirigido a los trabajadores. Ante las críticas sobre este rubro, la institución aclaró que dicha cobertura asistencial no contempla a las ministras ni a los ministros en funciones.
El futuro de esta asignación económica dependerá ahora de su integración dentro del proyecto global del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de entregar el documento definitivo a la Cámara de Diputados durante los primeros días del mes de septiembre para su análisis y eventual discusión legislativa.
