Nos hemos acostumbrado a pensar en la desigualdad extrema como una característica desafortunada pero inevitable de las economías modernas, incluso como un coste necesario para garantizar el crecimiento económico. No es así, ni inevitable ni necesaria.
La desigualdad es la consecuencia directa de decisiones de política pública, ya sea sobre fiscalidad, mercado laboral, inversión pública u otras reglas que rigen nuestras economías. En las últimas décadas, muchas de estas decisiones han acabado limitando el poder de los trabajadores frente al capital, han permitido la existencia de vacíos legales en cuestiones tributarias de los que se han beneficiado grandes empresas y los superricos o han esquilmado la inversión pública.
Como presidente del Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global del G20, creado por la Presidencia sudafricana del G20, he pasado el último año junto a destacados economistas y expertos examinando el estado de la desigualdad en el mundo. Nuestros hallazgos revelan una crisis de gran escala y con una evolución extremadamente peligrosa.
Por eso, nuestro comité propone de manera formal la creación de un Panel Internacional sobre Desigualdad (IPI, por sus siglas en inglés), un organismo global inspirado en parte en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Este Panel tendría como misión elaborar evaluaciones periódicas y científicamente rigurosas sobre la magnitud y la evolución de los niveles de desigualdad, sus factores determinantes y consecuencias, así como los avances y fracasos al enfrentarla en todo el mundo. Este conocimiento sería de incalculable valor para los tomadores de decisión, gobiernos y organismos multilaterales interesados en reducir la desigualdad.
Algunos datos recogen claramente lo que viene sucediendo con la desigualdad. De toda la riqueza creada desde el año 2000, el 41% ha ido a parar al 1% más rico a nivel global. En cambio, la mitad más pobre de la humanidad recibió apenas el 1%. Así, en un extremo, las fortunas individuales se miden en cientos de miles de millones de dólares, mientras que en el otro, 2300 millones de personas (una de cada cuatro personas en todo el planeta) tienen que saltarse alguna comida cada día.
Hay pruebas contundentes del debilitamiento sistemático de la clase media en algunos países, lo que significa que cada vez más personas que trabajan duro cada día y, sin embargo, no pueden asumir siquiera el pago de medicamentos básicos o calentar sus hogares. Con toda razón, la ciudadanía siente una gran frustración ante un sistema económico que genera tanta riqueza, pero deja a tantas personas en la lucha diaria por subsistir.
La desigualdad no solo afecta el desempeño económico; también es una amenaza directa y profunda para la democracia. Un milmillonario puede comprar un superyate o un jet privado, pero lo que realmente marca la diferencia es su poder de influir de forma desmedida en las decisiones y moldear las agendas políticas. En todo el mundo, las grandes corporaciones y las élites más adineradas ejercen una influencia desproporcionada, diseñando leyes, regulaciones y políticas monetarias o fiscales a su favor.
Igual de importante es cómo la desigualdad de riqueza se traduce en el control de los medios a través de los cuales entendemos nuestras sociedades. Tan sólo seis milmillonarios controlan nueve de las diez plataformas de redes sociales más grandes del mundo, mientras que la mitad del panorama mediático global está en manos de milmillonarios. En el siglo XXI, la opinión pública ya no pertenece a la ciudadanía, sino a un puñado de hombres. Esto debilita nuestras sociedades y corrompe nuestra política.
Sin embargo, la desigualdad extrema no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas adoptadas intencionadamente por los diferentes gobiernos. Y dado que esta polarización de la desigualdad es el resultado de decisiones políticas, la política también puede desmantelarla.
El primer paso es hacer un seguimiento de la crisis de desigualdad con rigor científico, y eso es precisamente lo que haría el IPI. Esto es crucial porque, a pesar del impresionante trabajo realizado por investigadores de todo el mundo, todavía carecemos de un consenso compartido sobre cómo evoluciona la desigualdad —tanto dentro de los países como entre ellos—, qué la impulsa y cuáles son sus consecuencias. Tampoco tenemos un consenso sobre cómo impacta según la raza, la clase y el género, ni qué políticas públicas serían las más útiles para lograr reducirla.
Y este es un punto fundamental, porque optar por diferentes políticas públicas podría tener una incidencia diferente en términos de distribución. Una reforma tributaria puede reducir la desigualdad en un sector mientras la aumenta en otro. Un acuerdo comercial puede generar beneficios de forma global, mientras reduce los ingresos reales de los trabajadores. Los avances tecnológicos pueden elevar la productividad, pero perjudicar la sostenibilidad ambiental.
Los gobiernos necesitan conocer estas consecuencias antes de tomar decisiones, no décadas después. Aquí es donde importan qué decisiones toman países como México. A pesar de los esfuerzos recientes por fortalecer la política social y elevar el ingreso mínimo, México arrastra profundas disparidades socioeconómicas y no es inmune a las fuerzas que impulsan la desigualdad. De hecho, es uno de los países más desiguales del mundo. El mexicano más rico posee más riqueza que el 50% más pobre de la población.
Durante el último año, nuestro Comité ha estado trabajando estrechamente con los gobiernos que han impulsado la iniciativa desde el principio, Brasil, Sudáfrica, España y Noruega, para construir una hoja de ruta concreta para la creación de un IPI, contando ahora con un fuerte respaldo de otros gobiernos, organismos internacionales y del secretario general de la ONU. Los cuatro gobiernos fundadores reunirán a líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU a finales de este mes para debatir la propuesta de creación del IPI. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad clave para liderar la lucha global contra la desigualdad extrema promoviendo el pronto establecimiento del IPI.
Esperamos contar con su apoyo y el de México.
