Interpol retira búsqueda internacional a la conductora y al empresario
Tras un lustro de mantenerse vigente, la alerta internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra de la figura televisiva Inés Gómez Mont y de su pareja sentimental, el empresario Víctor Álvarez Puga, fue eliminada de sus registros.
La información fue ventilada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su habitual conferencia de prensa matutina, donde expresó desconcierto ante la decisión adoptada por el organismo global encargado de la cooperación policial.
La pareja contaba con una orden de localización internacional desde octubre de 2021, momento en el cual abandonaron territorio mexicano tras surgir las primeras indagatorias ministeriales por su presunta participación en ilícitos graves como desvío de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Reacción del gobierno federal y exigencias ante el organismo
Durante su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo federal externó su asombro debido a que los implicados mantienen vigentes mandamientos judiciales de captura en el sistema de procuración de justicia nacional.
“Son factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México, con todas las pruebas habidas y por haber, que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas”, declaró la mandataria durante la conferencia del pasado 30 de septiembre.
Las indagatorias ministeriales comenzaron formalmente a finales de 2021, cuando la entonces Procuraduría General de la República solicitó la emisión de la alerta global que permitía rastrear a los indiciados en más de 190 países. Pese a estas acciones, el paradero exacto de la exconductora se mantiene incierto.
Por otra parte, el empresario vinculado al caso enfrentó una captura en territorio estadounidense en octubre de 2025, situación que derivó en una petición formal de aprehensión provisional con propósitos de extradición por parte de las autoridades internacionales mexicanas.
Ante la supresión repentina de la alerta de búsqueda, la administración federal adelantó que emprenderá gestiones diplomáticas y jurídicas para exigir una aclaración a la instancia internacional, insistiendo en que los involucrados deben enfrentar la justicia nacional.
“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja. Si van a otro país, tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, sentenció la jefa de Estado mexicana.
Origen de las indagatorias y acusaciones fiscales
Las investigaciones en contra de la presentadora y el abogado comenzaron a finales de 2021, fecha en la que las instituciones de seguridad detectaron el presunto uso de esquemas corporativos simulados mediante empresas fachadas para desviar fondos erogados por la administración pública.
De acuerdo con las carpetas de investigación, la pareja habría operado contratos gubernamentales adjudicados de manera directa por la Secretaría de Gobernación entre los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, generando facturaciones ficticias por sumas multimillonarias.
En su momento, la propia conductora difundió un posicionamiento público en el que atribuyó los señalamientos a un presunto desvío de recursos públicos por un monto acumulado de 3 mil millones de pesos, además de rechazar categóricamente su vinculación con esquemas delictivos organizados.
Adicionalmente, el expediente judicial acumuló requerimientos adicionales girados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debido a diversas irregularidades fiscales detectadas en las finanzas personales y corporativas de la pareja.
La postura de la defensa y su situación actual
Desde el surgimiento de las acusaciones, la exreceptora de espacios televisivos ha sostenido públicamente su inocencia, rechazando de manera enfática los señalamientos en su contra y argumentando que su trayectoria profesional se ha limitado al ámbito artístico.
“Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, manifestó mediante un comunicado emitido al inicio de las indagatorias, asegurando que agotaría los recursos legales disponibles para limpiar su nombre.
Pese a los intentos legales de sus representantes jurídicos para obtener amparos que frenaran las órdenes de captura, la situación legal de la pareja se mantiene en calidad de prófugos de la ley mexicana, mientras las autoridades federales continúan las gestiones para restituir los mecanismos de búsqueda internacional.
