El origen de la crisis presupuestaria en el sector aéreo
Las medidas de contención del gasto público implementadas durante la administración pasada alteraron profundamente el equilibrio financiero de la aviación civil en México. Más allá de los balances contables, estas políticas mermaron de forma directa las capacidades del Estado para garantizar una supervisión rigurosa de las operaciones aéreas en todo el territorio nacional.
El proceso comenzó en mayo de 2019, cuando la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenaron recortes transversales en más de 300 dependencias. Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, la Ley Federal de Austeridad Republicana institucionalizó estas limitaciones de manera permanente. La normativa estipuló que los gastos operativos no debían superar los recursos ejercidos en el periodo fiscal anterior, generando un efecto de contracción progresiva donde cada recorte se convertía en el nuevo tope financiero.
La presión económica se intensificó en abril de 2020 mediante un decreto presidencial que, bajo el argumento de la emergencia sanitaria, exigió no ejercer el 75% del presupuesto disponible, lo que derivó en la cancelación de 10 subsecretarías y la postergación de gastos gubernamentales esenciales.
El nacimiento de la AFAC bajo presión financiera
Como resultado de esta normativa restrictiva, los recursos asignados a la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil sufrieron una drástica caída, pasando de 611 millones de pesos en 2018 a 481 millones de pesos en 2020. Esto representó un desplome acumulado del 20.8% en apenas dos años.
El problema crítico radicó en que este ajuste presupuestario coincidió con la transición institucional hacia la Agencia Federal de Aviación Civil, establecida en 2019 como un organismo descentralizado con autonomía técnica y operativa. Dicha institución nació con la aspiración de convertirse en un regulador moderno y eficiente, pero enfrentó desde su origen la paradoja de operar con severas limitaciones económicas.
Las labores de inspección y vigilancia aeronáutica, fundamentales para prevenir incidentes, sufrieron las reducciones más drásticas. La historia demuestra que cualquier debilitamiento en la supervisión de la seguridad operacional de un país repercute directamente en la estabilidad de la aviación civil a escala internacional.
El fantasma de la degradación a Categoría 2
La consecuencia más evidente de este desfinanciamiento quedó al descubierto durante la auditoría del programa IASA que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos aplicó a la AFAC entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Dicha revisión documentó 28 incumplimientos a los estándares mínimos de la Organización de Aviación Civil Internacional, destacando deficiencias en capacitación de personal, experiencia técnica, sistemas de registro y falta de inspectores suficientes para certificar las distintas marcas de aeronaves en el país.
Como consecuencia, la autoridad estadounidense degradó a México a Categoría 2 en mayo de 2021, un estatus restrictivo que se prolongó hasta el 14 de septiembre de 2023 tras múltiples visitas de asistencia técnica y la corrección de decenas de irregularidades.
Actualmente, el fantasma de una nueva degradación vuelve a cernirse sobre la aviación mexicana. La FAA llevó a cabo una nueva auditoría IASA, la primera evaluación completa desde el conflicto de 2021. No obstante, la AFAC sigue arrastrando carencias presupuestarias, tecnológicas y de personal, sin lograr consolidar un sistema de vigilancia en tiempo real.
Un panorama financiero cada vez más desalentador
La propia agencia reguladora calcula que requiere un piso mínimo de 2,000 millones de pesos para funcionar correctamente. Sin embargo, su presupuesto ha disminuido un 37% desde la recuperación de la Categoría 1, al pasar de 902 millones de pesos ejercidos en 2021 a montos notablemente inferiores en los años posteriores.
Las proyecciones para los siguientes ejercicios fiscales apuntan a una reducción drástica que compromete la viabilidad del organismo. El informe definitivo de la reciente auditoría estadounidense se publicará el próximo mes. Una eventual sanción internacional frenaría una vez más las rutas y la expansión de las aerolíneas mexicanas hacia el mercado norteamericano.
Limitar los recursos de la autoridad aeronáutica bajo los mismos criterios aplicados a oficinas administrativas convencionales ignora una realidad ineludible: detrás de cada plaza técnica sin cubrir, cada verificación pospuesta y cada inspección omitida, se acumula un riesgo latente que tarde o temprano se traduce en sanciones internacionales y, lo más preocupante, en la seguridad de los pasajeros.
