Gobierno mexicano busca frenar el contrabando de combustibles exigiendo nuevas declaraciones fiscales para 2027
En un esfuerzo por cerrar las vías a la evasión fiscal y al fraude aduanero, la administración federal ha integrado una serie de modificaciones dentro del Paquete Económico para el año 2027. Estas medidas apuntan directamente a la cadena de distribución de energéticos en el país.
Nuevas obligaciones para toda la cadena de distribución
La propuesta presentada por el equipo económico de la presidenta Claudia Sheinbaum establece que las compañías dedicadas a la comercialización, el transporte y la operación de estaciones de servicio de petrolíferos deberán rendir cuentas detalladas sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS, aplicable a gasolinas y diésel.
Hasta el momento, la normativa vigente limitaba esta obligación de reporte casi en su totalidad a Petróleos Mexicanos y a los permisionarios encargados de la importación directa de los energéticos. Con la modificación planteada, el espectro de fiscalización se amplía significativamente para abarcar a todos los intermediarios del sector.
Durante su habitual conferencia matutina en la Ciudad de México, la mandataria explicó el propósito central de esta normativa al señalar: “Los impuestos que se pagan por lo que compran tienen que ser exactamente igual que lo que venden, ese es el objetivo de la trazabilidad del IEPS”.
Estrategia contra el fraude fiscal y aduanero
El marco legal actual de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios contempla ciertos beneficios y exenciones que liberan a diversos contribuyentes secundarios de la obligación de presentar estas declaraciones formales. No obstante, a partir del ejercicio fiscal de 2027, dicha condición cambiará drásticamente, según confirmó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez.
El titular del brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda detalló desde Palacio Nacional la mecánica operativa que implementará la autoridad tributaria para garantizar el cumplimiento de la ley. El funcionario afirmó: “Vamos a poder cruzar y revisar diferenciales positivos o negativos”.
Este endurecimiento en los controles responde a la necesidad apremiante de combatir el fenómeno ilícito de las importaciones ilegales y el fraude aduanero, una problemática frecuentemente denominada en el ámbito económico como huachicol fiscal. Este delito ha mermado considerablemente los ingresos del erario federal, en un contexto marcado por la presión sobre el déficit público y un crecimiento económico moderado.
El impacto financiero de las importaciones ilegales
El trasiego ilegal de hidrocarburos representa uno de los retos más complejos para la hacienda pública mexicana. Diversas evaluaciones realizadas por especialistas y firmas consultoras del sector energético, entre las que destaca PetroIntelligence, advierten que el contrabando de gasolinas y diésel genera pérdidas monumentales para la nación, calculadas en aproximadamente US$10.500 millones anuales.
Con la implementación de este sistema de trazabilidad estricta y la obligación generalizada de reporte para transportistas y gasolineras, el Gobierno federal confía en dotar a las instituciones fiscalizadoras de herramientas tecnológicas y legales más eficientes. El propósito final es asegurar que cada litro de combustible comercializado en el territorio nacional cumpla con sus respectivas obligaciones tributarias, protegiendo así las finanzas públicas frente al quebranto sostenido por el mercado ilegal.
