Dejan al descubierto plan insólito: organizadora simula su deceso para eludir deuda millonaria en Nuevo León
Una estrategia poco común y sumamente elaborada acaparó la atención pública en el estado de Nuevo León, luego de que una ciudadana fuera señalada de planear su propia muerte con el único propósito de eludir la liquidación de una tanda colectiva cuyo valor estimado ascendía a 1 millón de pesos. El caso se viralizó rápidamente en plataformas digitales, provocando la movilización de decenas de afectados que ya iniciaron procesos legales ante las autoridades competentes.
La postura oficial de la empresa funeraria
La controversia escaló cuando comenzó a circular un aviso luctuoso digital que anunciaba el supuesto deceso de la administradora de los fondos, indicando además una ubicación específica para los servicios velatorios. Ante el revuelo generado y los múltiples mensajes recibidos por parte de los acreedores, la empresa encargada de las capillas emitió un pronunciamiento contundente para deslindarse de los hechos y aclarar que la persona mencionada nunca estuvo en sus instalaciones.
Mediante un comunicado difundido públicamente, la institución fue clara al señalar: “Nos deslindamos de cualquier acto, hecho, gestión, acuerdo, compromiso o situación que pueda realizarse o atribuirse a dicha persona en nombre de nuestra empresa”. Con este posicionamiento, los representantes de los servicios funerarios buscaron proteger su reputación ante el uso indebido de su nombre en este conflicto de carácter financiero.
El modus operandi de la red de ahorro informal
De acuerdo con los testimonios recopilados entre los perjudicados, la dinámica operaba principalmente a través de mensajería instantánea. La presunta responsable coordinaba diversos grupos digitales donde convocaba a los participantes a realizar aportaciones monetarias periódicas bajo la promesa de entregar, en fechas determinadas, tanto sumas en efectivo como bienes materiales para el hogar, tales como electrodomésticos, salas o pantallas de televisión.
Una de las personas afectadas compartió su experiencia personal, detallando que realizaba aportaciones semanales de 750 pesos durante un periodo prolongado de 30 semanas, con la expectativa de recibir un paquete de muebles y aparatos electrónicos al cumplirse su turno. No obstante, al llegar el plazo establecido, los bienes nunca fueron entregados y los canales de comunicación con la administradora se cerraron de manera abrupta, encendiendo las alertas de fraude entre la comunidad.
Afectados y acciones legales ante la fiscalía
El impacto de esta situación ha dejado un saldo preliminar considerable. Las estimaciones de los denunciantes apuntan a que el número de perjudicados supera las 300 personas, quienes ahora reclaman la restitución de su capital o la entrega de los productos prometidos que jamás llegaron a sus manos. La pérdida económica acumulada ha generado un fuerte clima de indignación entre los habitantes de la región afectada.
Derivado de estos acontecimientos, los agraviados comenzaron a organizarse para interponer recursos legales por el presunto fraude. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que ya se formalizó al menos una carpeta de investigación en contra de la organizadora, relacionada inicialmente con la falta de entrega de 14 mil pesos a una de las denunciantes, mientras continúan integrándose más testimonios al expediente judicial.
