osé Ramón Sosa Galán es un hombre de 56 años que trabaja tres días a la semana como obrero de maquiladora y otros tres días en un bar de la zona centro; además, posee un negocio informal en el exterior de su domicilio, en un barrio popular del poniente de Ciudad Juárez, donde tiene a la venta algunos muebles y electrodomésticos usados.
Sin embargo, en documentos, José Ramón aparece como socio de Eco Insumos Industriales S.A. de C.V. y Soluciones Empresariales Orión S.A. de C.V. dos empresas proveedoras del Gobierno Municipal de Juárez.
El obrero y vendedor de artículos usados asegura que no tiene conocimiento de que es dueño de empresas y menos que es proveedor del gobierno. Tampoco sabía que desde 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo catalogó como una persona física que emite facturas falsas.
Las empresas en las que José Ramón aparece como socio forman parte de una red de tres compañías vinculadas entre sí: dos comparten socio, administrador y operan en el mismo domicilio, junto a otra que igualmente es proveedora del Municipio, Global Supply & Services, S.A de C.V., cuyo administrador, Juan Manuel Reyes Portillo, es señalado también por el SAT como ‘facturero’, por emitir facturas falsas.
Juan Manuel además es hermano de quien administra a las otras dos empresas, identificado como Ricardo Reyes Portillo, se pudo corroborar.
En menos de dos años, las tres empresas recibieron 12 contratos por más de 46 millones de pesos del Municipio de Juárez, eso ocurrió entre marzo de 2019 y abril de 2021, en la segunda gestión de Armando Cabada Alvídrez, se desprende de una investigación realizada con base en documentos y datos oficiales.
Además, en la revisión de los documentos se encontró que Eco Insumos Industriales y Soluciones Empresariales Orión han concursado a la vez en una licitación para obtener el servicio de mantenimiento de las plantas tratadoras del Municipio, a través de la modalidad restringida, donde la participación se genera a invitación expresa de funcionarios.
Esa es una práctica que está prohibida dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, opina el titular de la Auditoria Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, consultado sobre el tema.
En caso de comprobarse, advierte, amerita una multa – de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tasado actualmente en 86.92 pesos– y la inhabilitación de los proveedores, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley de Adquisiciones.
A partir de marzo de 2019 estas empresas comenzaron a ser beneficiadas con contratos para proveer bienes y servicios diversos, desde el sector alimenticio hasta el sector médico. Algunos de estos documentos fueron firmados con solo un mes de diferencia y otros, el mismo día, se encontró.
Sobre la situación, Víctor Manuel Ortega Aguilar, Administrador de la Ciudad, comenta que el Municipio no tiene forma de identificar a las empresas que han cometido alguna irregularidad ante el SAT y ni tampoco es un juzgado para determinar la legalidad de los que aparecen como sus socios o directivos.
A la fecha en la que se firmaron los contratos, los proveedores debieron de contar con la opinión positiva expedida por autoridad en materia fiscal, explica.
De acuerdo con el administrador de la Ciudad, las empresas interesadas en darse de alta como proveedoras del Municipio deben de contar con una opinión positiva del SAT, la cual contiene un código QR que es validado por la Contraloría Municipal.
Sin embargo, concede que hay proveedores que han engañado al Municipio y han falsificado documentación, pero no abunda sobre esos casos.
“Ha habido empresas que nosotros hemos boletinado y que le hemos dado vista a la contraloría porque trataron de engañarnos falsificando documentación (…) no me acuerdo de las empresas, pero fue entre el año 2017 o 2018”, afirma en entrevista.
Para este trabajo también se solicitó entrevista con los representantes de las tres empresas proveedoras del Municipio de Juárez, sin que hasta el momento hayan respondido.
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