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28 de septiembre de 2021 Juez ordena detener a 10 implicados en caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Juez ordena detener a 10 implicados en caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Fuentes federales confirmaron que el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.

La FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.

Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.

En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.

27 de agosto de 2021 Procuraduría Fiscal alista 100 denuncias contra clientes de factureras

Procuraduría Fiscal alista 100 denuncias contra clientes de factureras

Luego de darse a conocer que 43 empresas factureras ayudaron a defraudar al fisco por más de 55,000 millones de pesos en el sexenio anterior, la Procuraduría Fiscal alista denuncias contra los 100 principales clientes de estas organizaciones que usaron esquemas de defraudación tributaria, indicó su titular Carlos Romero Aranda.

En su participación en el 4° Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters, Romero Aranda destacó la labor que se ha realizado a partir de la promulgación de la reforma contra la defraudación fiscal, la cual permitió al fisco obtener ingresos tributarios en el 2020, incluso mayores que los de un año previo.

“A los 100 contribuyentes más importantes que recibieron asimilables a salarios de estos grupos delictivos (las 43 factureras), sin pagar impuestos obviamente, les vamos a presentar las querellas que correspondan en su momento», comentó Romero Aranda.

Hace algunas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, develó que este organismo tiene detectadas 43 empresas factureras que provocaron un fraude al fisco durante el sexenio pasado por 55,125 millones de pesos.

El funcionario apuntó que la intención que se tiene es ir contra los líderes de las organizaciones factureras, pues además del delito de evasión fiscal, el cual se equipara con delincuencia organizada, dichas empresas también incurrieron en ilícitos de lavado de dinero que están tipificados en la ley.

“El lavado de dinero y la defraudación fiscal, al día de hoy pueden configurarse como delitos de delincuencia organizada… En el caso de las factureras, que es el método más importante, son empresas de papel, con testaferros, con personas de escasos recursos, enfermos terminales, que ponen domicilios fiscales en terrenos baldíos y por estas empresas pasan millones y millones de pesos”, apuntó Romero Aranda.

De acuerdo con el procurador fiscal, hay casos donde las organizaciones factureras contactaban a familiares de personas con enfermedades terminales para que, a cambio de una cantidad, permitieran que los enfermos fueran testaferros para poder desviar recursos, muchas veces provenientes del erario.

“Personas con enfermedades terminales a punto de fallecer, a cambio de 10,000 pesos firmaban como accionistas (de empresas fachada). Esos son unos verdaderos pillos, porque lo que hacen es esconder el origen del dinero para precisamente lavarlo y defraudar”, explicó el funcionario.

Impacta en la recaudación

Romero Aranda apuntó que la reforma promulgada a finales del 2019 contra la defraudación fiscal, permitió al gobierno elevar en el 2020 los ingresos tributarios pese al impacto económico de la pandemia, pues los Grandes Contribuyentes tuvieron que alinearse a las reglas fiscales para cumplir con sus obligaciones.

“¿Qué permitió eso? Que, en un año de pandemia, sin crecimiento, con caída económica pavorosa, con gastos enormes de pandemia, con el dólar a 25 pesos, el petróleo en cero, no se hayan caído los ingresos tributarios. Si no que hayamos podido cobrar 170,000 millones de pesos adicionales a lo que se había cobrado en el 2019”, acotó el funcionario.

El procurador fiscal acotó que la intención del organismo que encabeza, junto con el resto de autoridades del país, es inhibir el tema de la defraudación fiscal, en especial en los Grandes Contribuyentes.

3 de agosto de 2021 Corrupción I: Gobierno de Ciudad Juárez dio contratos por 46 mdp a empresas fantasma

Corrupción I: Gobierno de Ciudad Juárez dio contratos por 46 mdp a empresas fantasma

osé Ramón Sosa Galán es un hombre de 56 años que trabaja tres días a la semana como obrero de maquiladora y otros tres días en un bar de la zona centro; además, posee un negocio informal en el exterior de su domicilio, en un barrio popular del poniente de Ciudad Juárez, donde tiene a la venta algunos muebles y electrodomésticos usados.

Sin embargo, en documentos, José Ramón aparece como socio de Eco Insumos Industriales S.A. de C.V. y Soluciones Empresariales Orión S.A. de C.V. dos empresas proveedoras del Gobierno Municipal de Juárez.

El obrero y vendedor de artículos usados asegura que no tiene conocimiento de que es dueño de empresas y menos que es proveedor del gobierno. Tampoco sabía que desde 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo catalogó como una persona física que emite facturas falsas.

Las empresas en las que José Ramón aparece como socio forman parte de una red de tres compañías vinculadas entre sí: dos comparten socio, administrador y operan en el mismo domicilio, junto a otra que igualmente es proveedora del Municipio, Global Supply & Services, S.A de C.V., cuyo administrador, Juan Manuel Reyes Portillo, es señalado también por el SAT como ‘facturero’, por emitir facturas falsas.

Juan Manuel además es hermano de quien administra a las otras dos empresas, identificado como Ricardo Reyes Portillo, se pudo corroborar.

En menos de dos años, las tres empresas recibieron 12 contratos por más de 46 millones de pesos del Municipio de Juárez, eso ocurrió entre marzo de 2019 y abril de 2021, en la segunda gestión de Armando Cabada Alvídrez, se desprende de una investigación realizada con base en documentos y datos oficiales.

Además, en la revisión de los documentos se encontró que Eco Insumos Industriales y Soluciones Empresariales Orión han concursado a la vez en una licitación para obtener el servicio de mantenimiento de las plantas tratadoras del Municipio, a través de la modalidad restringida, donde la participación se genera a invitación expresa de funcionarios.

Esa es una práctica que está prohibida dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, opina el titular de la Auditoria Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, consultado sobre el tema.

En caso de comprobarse, advierte, amerita una multa – de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tasado actualmente en 86.92 pesos– y la inhabilitación de los proveedores, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley de Adquisiciones.

A partir de marzo de 2019 estas empresas comenzaron a ser beneficiadas con contratos para proveer bienes y servicios diversos, desde el sector alimenticio hasta el sector médico. Algunos de estos documentos fueron firmados con solo un mes de diferencia y otros, el mismo día, se encontró.

Sobre la situación, Víctor Manuel Ortega Aguilar, Administrador de la Ciudad, comenta que el Municipio no tiene forma de identificar a las empresas que han cometido alguna irregularidad ante el SAT y ni tampoco es un juzgado para determinar la legalidad de los que aparecen como sus socios o directivos.

A la fecha en la que se firmaron los contratos, los proveedores debieron de contar con la opinión positiva expedida por autoridad en materia fiscal, explica.

De acuerdo con el administrador de la Ciudad, las empresas interesadas en darse de alta como proveedoras del Municipio deben de contar con una opinión positiva del SAT, la cual contiene un código QR que es validado por la Contraloría Municipal.

Sin embargo, concede que hay proveedores que han engañado al Municipio y han falsificado documentación, pero no abunda sobre esos casos.

“Ha habido empresas que nosotros hemos boletinado y que le hemos dado vista a la contraloría porque trataron de engañarnos falsificando documentación (…) no me acuerdo de las empresas, pero fue entre el año 2017 o 2018”, afirma en entrevista.

Para este trabajo también se solicitó entrevista con los representantes de las tres empresas proveedoras del Municipio de Juárez, sin que hasta el momento hayan respondido.