Crisis institucional por abusos policiales en jalisco
El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, emitió una postura pública en la que admitió de manera abierta la existencia de graves deficiencias y un despliegue desmedido de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad durante la manifestación ciudadana llevada a cabo el pasado 11 de octubre frente a la residencia oficial de Casa Jalisco.
La protesta, convocada originalmente para exigir soluciones urgentes ante la deficiente calidad del servicio de agua potable que afecta a diversos sectores de Guadalajara, concluyó en medio de episodios de represión. Ante la difusión masiva de registros audiovisuales que evidenciaban la violencia institucional, el mandatario estatal optó por no desestimar las denuncias ciudadanas difundidas en el espacio digital.
«Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustificadas», declaró el mandatario local a través de un video publicado en sus redes sociales. Asimismo, enfatizó su postura humana frente a la investidura política: «Antes que gobernador, soy humano. En la vida se debe saber reconocer y corregir».
Liberación de manifestantes y anuncios de sanciones
Como consecuencia directa de estos acontecimientos, el dirigente perteneciente a Movimiento Ciudadano instruyó a la fiscalía de la entidad para examinar minuciosamente los expedientes, registros fílmicos y cualquier elemento probatorio disponible con el propósito de revertir las aprehensiones arbitrarias.
Como resultado de esta directriz, este martes se concretó la liberación de las personas que permanecían privadas de la libertad. Dicho proceso se desarrolló bajo la supervisión y acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
En el plano administrativo y disciplinario, el titular del Ejecutivo estatal advirtió que se aplicarán castigos ejemplares a los elementos operativos que incurran en abusos de autoridad, bajo la premisa de que «el que las hace, las paga». Paralelamente, se informó que la administración iniciará una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación policial y reforzará los programas de formación en materia de derechos humanos.
Señalamientos políticos y plan hídrico
Durante su pronunciamiento, el gobernador también señaló la presunta intromisión de actores políticos externos, al denunciar la presencia de grupos de choque y manifestantes violentos presuntamente alentados por sectores de la oposición regional para desestabilizar la protesta pacífica.
No obstante el conflicto político, la administración estatal delineó tres acciones concretas orientadas a resolver de fondo la problemática del suministro hídrico en la zona metropolitana. El primer eje consiste en la suspensión definitiva en la utilización del recurso proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. Como segunda medida, se proyecta finalizar la construcción del acueducto de desvío de La Calera junto con la ampliación de la Potabilizadora 1.
Finalmente, el gobierno estatal impulsará un proyecto estratégico para construir un nuevo acueducto que funcione como sustituto en la ruta Chapala-Guadalajara, iniciativa cuyo requerimiento presupuestal y de financiamiento ya fue turnado formalmente para su análisis en el Congreso local.
