Fiscalía General de la República indaga presunta red de corrupción en Pemex por contrato irregular

Avanzan las pesquisas federales sobre el caso OPP Servicios Petroleros

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, ha tomado el control de las indagatorias en torno a una denuncia formal contra diversos mandos de Petróleos Mexicanos (Pemex). El expediente gira en torno al denominado “contrato interminable”, registrado bajo la clave 641009826 y otorgado al proveedor OPP Servicios Petroleros.

Dicho convenio comercial fue adjudicado originalmente en el año 2019 y su vigencia expiraba oficialmente en 2021. No obstante, mediante una serie de prórrogas y presuntas complicidades internas, el acuerdo logró extenderse de manera anómala hasta el mes de julio del presente año.

Operaciones al margen de la ley en campos petroleros

El problema no se limita a la prolongación indebida del documento. A pesar de que el plazo contractual para realizar “Trabajos de operaciones convencionales con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de PEP” ya concluyó, la compañía proveedora continúa prestando servicios sin sustento jurídico en instalaciones estratégicas.

Las labores irregulares se mantienen activas en puntos clave como el Cabezal Quesqui 40, el Cabezal Quesqui 1DL, el Cabezal Quesqui 2DL y el Pozo Quesqui 6A, operando en total opacidad y sin un marco legal que respalde su presencia en las zonas de extracción.

Funcionarios bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción

La denuncia formal ya se encuentra en poder de María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR. El documento subraya que una anomalía de esta magnitud requiere la participación de redes de apoyo institucional.

Por esta razón, la investigación ministerial alcanzará directamente a exfuncionarios y directivos de la petrolera, entre ellos Ángel Cid Munguía, exdirector de PEP y actual asesor de la Dirección General, así como a Jorge Alberto Arévalo Villagrán, quien encabeza la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos.

Las indagatorias buscarán esclarecer las responsabilidades en la firma, alteración, administración, ejecución, supervisión y la prolongación indebida de los trabajos vinculados al contrato 641009826.

Millonarios adeudos y presión sobre la producción nacional

Fuentes internas de la petrolera nacional señalan que este caso se ha convertido en un desafío crítico para la administración, especialmente ahora que las instancias de procuración de justicia han intervenido, superando los alcances de la Unidad de Control Interno de la propia empresa estatal.

Asimismo, persiste la incógnita sobre cómo se siguen generando compromisos financieros sin respaldo legal. Informes preliminares estiman que estas operaciones al margen de la ley han acumulado pasivos que superan los 10 millones de dólares.

Esta situación cobra mayor relevancia debido a que el Campo Quesqui representa una de las cartas fuertes de Pemex para incrementar la producción interna de gas y disminuir la dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos, alineándose con las metas del sector energético impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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