El desafío estructural de las cuentas públicas brasileñas
Modificar el límite de crecimiento del gasto contemplado en el marco fiscal de Brasil, que actualmente se sitúa en el 2,5% anual, para llevarlo a un nivel más restrictivo como el 1,5%, representaría un mensaje relevante de contención. Sin embargo, esta medida por sí sola no lograría solucionar el desequilibrio financiero que atraviesa la nación sudamericana.
Así lo advirtió Jeferson Bittencourt, jefe de macroeconomía de la ASA y exsecretario del Tesoro Nacional, durante una participación en el podcast Radar Eleitoral, del medio Bloomberg Línea. De acuerdo con el especialista, aunque el Congreso brasileño tiene la facultad de modificar el techo del marco fiscal a través de una ley ordinaria, el núcleo de la problemática radica en la expansión incontrolada de los desembolsos obligatorios, los cuales están blindados por normas constitucionales y avanzan a un ritmo mucho más veloz.
“La gran dificultad radica en el crecimiento de los gastos obligatorios. Para cambiar la regla de acceso a la Seguridad Social, para cambiar la indexación de los mínimos en salud y educación, eso solo se puede hacer a través de la Constitución”, afirmó Bittencourt. En la misma línea, añadió: “¿Basta simplemente con reducir el límite del marco fiscal, del 2,5% al 1,5% o al 2%? Creo que es una señal importante, pero el problema sigue ahí”.
Garantizar la estabilidad de las finanzas públicas se perfila como uno de los compromisos más complejos para la administración que asumirá el poder tras los comicios, un asunto que acapara la atención de los analistas y actores del mercado financiero.
Presiones en pensiones, salarios y el salario mínimo
Mientras la normativa vigente establece un tope del 2,5% para el incremento real del gasto, la mayor parte de las erogaciones estatales, tales como pensiones, remuneraciones de los empleados públicos y subsidios sociales, evoluciona por encima de dicho umbral.
Dario Durigan, ministro de Hacienda, ha propuesto disminuir el techo de gasto para presionar al Ejecutivo a aplicar recortes sectoriales. No obstante, Bittencourt recalca que el trasfondo del problema posee raíces estructurales acumuladas durante los últimos cuarenta años, periodo en el cual el Estado amplió los derechos garantizados por la carta magna sin asegurar fuentes de financiamiento equivalentes, a lo que se suma el impacto del envejecimiento demográfico.
El sistema previsional ilustra con claridad esta tendencia. Según las proyecciones del experto, el desembolso destinado a la Seguridad Social se incrementará un 7,7% en el presupuesto del próximo año, lo que equivale a un avance real cercano al 3,5%. Dado que este rubro abarca casi la mitad del 19% del PIB asignado al gasto primario, una porción mayoritaria avanza por encima de los límites permitidos, sin contabilizar los mínimos constitucionales en sanidad y educación.
Otro factor determinante es la fórmula de actualización del salario mínimo, la cual combina la inflación con la variación del PIB. Al estar gran parte de los beneficios previsionales atados a este indicador, el incremento genera una presión considerable sobre las cuentas públicas que amerita una revisión profunda.
“La idea de incluir el PIB en esta ecuación del salario mínimo sería brindar algún beneficio a los trabajadores en función del aumento de la productividad”, explicó Bittencourt. “Pero el aumento de la productividad es para quienes producen: es el crecimiento total de la economía que se traslada al salario mínimo”.
Propuestas para un nuevo diagnóstico y reforma administrativa
Para encauzar la economía, el primer paso indispensable consiste en modificar la perspectiva predominante sobre el déficit, enfocándose en el control del gasto y no exclusivamente en la recaudación tributaria. Un enfoque de esta naturaleza reduciría las presiones inflacionarias y facilitaría una reducción en las tasas de interés, según el análisis del especialista.
Entre las acciones prioritarias sugeridas figuran renegociar el ajuste del salario mínimo, endurecer los criterios de acceso a los programas asistenciales para focalizar los recursos y ejecutar una reforma administrativa que optimice los incentivos dentro del sector público.
En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, la ASA estima que la deuda bruta del gobierno general concluirá el año en el 82,7% del PIB y escalará hasta rozar el 86% en el próximo ejercicio, un escenario que se mantendría inalterado sin importar qué fuerza política ocupe la presidencia. Asimismo, se prevé que Brasil cierre el periodo con un déficit primario de entre el 0,4% y el 0,5% del PIB.
El economista concluyó con una metáfora sobre la tendencia histórica del país a postergar los ajustes estructurales: “A Brasil le cuesta muchísimo cambiar el techo cuando hace sol. Brasil solo cambia el techo cuando empieza a llover mucho”. De no anticiparse a las crisis mediante políticas de fondo, el país se arriesga a enfrentar consecuencias severas que van desde el estancamiento hasta dificultades sistémicas en la cadena de pagos.
