Denuncian presiones para silenciar información sobre la red de contrabando de combustible
El escándalo en torno a la trama del huachicol fiscal ha dado un giro tenso luego de las declaraciones públicas emitidas por Mónica Gámez, cónyuge del excontralmirante Fernando ‘N’. La mujer hizo pública una serie de intimidaciones recibidas recientemente con el aparente propósito de frenar sus apariciones en medios de comunicación y su labor de difusión sobre la situación jurídica y personal de su esposo.
Durante una intervención radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, Gámez detalló que las advertencias apuntaban directamente a la apertura de un expediente judicial en su contra en caso de continuar ofreciendo declaraciones. Ante este panorama, la afectada fue tajante al señalar: Temo por mi seguridad y la de mi familia porque yo recibí una amenaza de que si seguí dando entrevistas me iban a iniciar una carpeta de investigación.
Si bien la compañera de vida del mando naval precisó que hasta el momento no enfrenta cargos formales vinculados con las operaciones ilícitas que se le atribuyen al exalto funcionario, reconoció su profunda preocupación ante la posibilidad de que le finquen responsabilidades de manera arbitraria, replicando un escenario similar al que, asegura, enfrenta su pareja.
Temores por la salud del exmilitar y antecedentes en la Secretaría de Marina
Más allá de las intimidaciones directas, la familia del imputado mantiene una profunda inquietud por las condiciones de reclusión y el estado de salud del excontralmirante. Según lo expuesto, Fernando ‘N’ posee antecedentes de un padecimiento cardiaco, lo que genera incertidumbre sobre su integridad física dentro del centro penitenciario federal donde se encuentra internado.
Asimismo, Gámez recordó que tras destaparse el esquema de contrabando de energéticos y la supuesta denuncia interna que su esposo interpuso ante altos mandos de la Secretaría de Marina, varios elementos adscritos a dicha corporación militar perdieron la vida en circunstancias sospechosas, existiendo la presunción de que dichos individuos poseían información clave sobre la red de corrupción.
Al relatar el estado anímico del exmilitar, la entrevistada refirió que se encuentra profundamente indignado por la situación jurídica que enfrenta. En sus propias palabras, transmitidas por Gámez, el implicado advirtió: si mañana me vinculan el proceso, es una verdadera injusticia. Pese a los riesgos, su pareja reafirmó su compromiso de seguir exponiendo los detalles y las anomalías que el excontralmirante le ha comunicado desde prisión.
Situación jurídica actual y próximas audiencias en el Altiplano
En el plano legal, Fernando ‘N’ permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido comúnmente como el Altiplano. Su ingreso a territorio nacional ocurrió el pasado 21 de agosto, tras concretarse su deportación procedente de Argentina, país donde permaneció demorado durante varios meses.
La medida cautelar de prisión preventiva le fue dictada el 22 de agosto por un juez de control, tras una maratónica audiencia que se extendió por más de diez horas. Las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) acusan al excontralmirante de su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.
Durante las diligencias iniciales, la defensa legal solicitó la ampliación del plazo constitucional para analizar a fondo los elementos probatorios aportados por la representación social. Como resultado de esta prórroga, se programó la continuación de la audiencia para definir si el exmilitar es finalmente vinculado a proceso. De acuerdo con los reportes oficiales, esta fase crucial se llevará a cabo a distancia y con restricciones severas para el ingreso de representantes de la prensa, replicando el hermetismo observado en las primeras etapas del proceso judicial.
