El desafío presupuestario y la ruta de la deuda
La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum se aproxima a un momento determinante para la economía del país con la presentación del próximo proyecto fiscal en el Congreso. Este conjunto de lineamientos monetarios no solo definirá el rumbo del llamado Plan México, sino que pondrá bajo estricto escrutinio la estabilidad de las finanzas públicas y la confianza de los mercados internacionales hacia la mitad del mandato presidencial.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria adelantó que la corrección de las cuentas nacionales se realizará de forma gradual, prometiendo la continuidad de la inversión pública. Sin embargo, diversos analistas financieros han manifestado reservas respecto a la velocidad con la que se pretende disminuir el desequilibrio en las cuentas públicas, avivando el temor de que la nación sufra una degradación en su estatus crediticio global.
“Anticipamos que se mantendrá formalmente el compromiso con la reducción del déficit y la estabilización de la deuda; sin embargo, la consolidación fiscal avanzaría a un ritmo lento”, expresó Arely Medina, investigadora en la Dirección de Estudios Económicos de Banamex. La especialista advierte que la meta gubernamental de disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) por debajo del 4% del PIB enfrenta un panorama sumamente complejo.
Mientras la Secretaría de Hacienda proyecta que el déficit cierre este año en 4,1% del PIB y descienda al 3,5% en el próximo periodo, las estimaciones privadas señalan cifras más elevadas, ubicándolo en 4,3% para el cierre actual y escalando hasta el 4,6% debido a presiones persistentes en el gasto corriente y el impacto de compromisos electorales y sociales.
La sombra de las agencias calificadoras sobre la deuda soberana
El margen de maniobra del Ejecutivo federal es estrecho debido a los antecedentes heredados por la administración anterior y a la urgencia de contener el desequilibrio financiero registrado en los últimos años. Cabe recordar que en 2024 los RFSP alcanzaron un 5,8% del PIB, marcando su cota más alta desde 1988, y desde entonces la convergencia hacia niveles sostenibles se ha postergado de manera sistemática.
Las principales agencias internacionales encargadas de evaluar la solvencia del país ya han emitido advertencias contundentes. En mayo pasado, Moody’s Ratings redujo la nota soberana a Baa3, argumentando un deterioro en la solidez fiscal. En paralelo, S&P Global modificó la perspectiva a negativa, mientras que Fitch Ratings enfatizó que el país corre el riesgo de perder el codiciado grado de inversión si no implementa correctivos eficaces y creíbles.
Actualmente, la deuda soberana mexicana se encuentra en el límite más bajo de seguridad crediticia frente a firmas como Fitch y Moody’s, operando prácticamente al borde de la categoría especulativa. Ante este escenario, Mariana Campos, directora general del centro de análisis México Evalúa, señaló que el problema estructural radica en un incremento en los niveles de gasto que no ha sido correspondido por un aumento equivalente en la recaudación.
“Esto no es sostenible”, declaró Campos al puntualizar que entre 2008 y 2018 los ingresos representaron el 21,9% del PIB con un déficit promedio del 2,7%, mientras que para el periodo 2019-2026 los ingresos equivalen al 22,3% pero con un déficit ampliado al 4,1%. “El problema fiscal de México no es solo cuánto debe, sino que está gastando persistentemente por encima de los ingresos que su Gobierno y economía pueden generar”.
Debilidad en la recaudación tributaria y perspectivas
A esta presión sobre el gasto se suma un comportamiento poco favorable en los ingresos fiscales durante los primeros meses del año, según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. Destaca de manera particular la contracción anual real del 6% en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el periodo de referencia, registrando la peor caída para un tramo similar desde la crisis financiera mundial de 2009.
Expertos en la materia coinciden en que la preservación de la calificación crediticia es un asunto de interés nacional prioritario, ya que una eventual pérdida elevaría de manera drástica el costo financiero de los empréstitos gubernamentales. “A nadie le conviene que México pierda el grado de inversión”, recalcó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. “La Secretaría de Hacienda debería ser la más interesada en que se mantenga el grado, pues perderlo implicaría mayor costo financiero de la deuda”.
El documento presupuestal definitivo será entregado formalmente este martes 8 de septiembre en las instalaciones de la Cámara de Diputados, momento en el cual los mercados y los especialistas examinarán con lupa las previsiones macroeconómicas y los fundamentos presentados por las autoridades financieras.
