La aprobación de la reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, marca un cambio drástico en el modelo institucional mexicano. Con 347 votos a favor y 128 en contra, la Cámara de Diputados avaló transferir sus funciones a secretarías federales y redirigir sus recursos hacia el gasto social.
Durante una sesión maratónica de más de seis horas, Morena y sus aliados defendieron la reforma argumentando que los organismos autónomos han sido costosos y poco efectivos. Según datos presentados, estos entes recibieron más de 32 mil millones de pesos desde su creación, sin que esto, según los legisladores oficialistas, se tradujera en beneficios tangibles para la ciudadanía.
La oposición, encabezada por el PAN y el PRI, condenó la iniciativa, calificándola como un retroceso democrático. «Esta reforma rompe con los contrapesos esenciales en una democracia moderna y plural«, señaló Miguel Ángel Monraz, quien acusó al gobierno de promover un esquema autoritario.
Las atribuciones de los organismos autónomos serán distribuidas entre diferentes instancias gubernamentales:
- INAI: Sus funciones pasarán a la nueva Secretaría Anticorrupción.
- Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos: Integradas en la Secretaría de Energía.
- SEP: Asumirá la política de mejora educativa.
- Inegi: Será el encargado de evaluar la política social.
Además, Morena presentó una propuesta para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en una sola autoridad antimonopolios.
¿Un nuevo modelo o un peligroso precedente?
Mientras el oficialismo celebra esta medida como un paso hacia un gobierno más eficiente y austero, sus detractores temen que sea el inicio de una concentración de poder sin precedentes. La discusión en lo particular promete ser igual de tensa, con más de 300 reservas en juego.
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