El agotamiento de la estrategia basada en recortes
Toda estrategia de contención defensiva funciona siempre y cuando el periodo de espera frente a las amenazas no se prolongue demasiado. De lo contrario, las medidas improvisadas terminan por fracturar la estructura. Esta premisa describe con precisión la situación actual de las finanzas públicas de México, cuya nota crediticia se ha defendido durante casi diez años mediante la reducción sistemática del gasto público. Sin embargo, este mecanismo tradicional comienza a evidenciar sus limitaciones físicas y estructurales.
La cuenta regresiva se encuentra en marcha para la entrega del Paquete Económico para 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda. Este ejercicio presupuestal representa una de las oportunidades definitivas para consolidar un sendero creíble de reducción del déficit, un requisito indispensable si el país pretende resguardar su calificación soberana antes de que el margen de acción institucional se desvanezca por completo.
Consolidación fiscal bajo la lupa de las agencias
El esfuerzo de saneamiento en las cuentas nacionales, impulsado tras el punto más alto registrado en 2024 cuando los Requerimientos Financieros del Sector Público se elevaron al 5.8% del PIB, se ha sostenido casi en su totalidad sobre el freno al gasto. Proyecciones de Finamex señalan que dicho indicador descenderá al 4.4% en el presente ejercicio y al 3.8% para el año 2027. A pesar de esta tendencia a la baja, el instrumento operativo para conseguirlo muestra signos de saturación. Los reportes oficiales demuestran que la inversión física ha soportado el peso principal del ajuste, mientras que los compromisos rígidos, tales como el pago de pensiones y el costo financiero, continúan ejerciendo una presión ineludible.
Es importante señalar que una proporción relevante de la mejoría observada en el balance fiscal provino de un manejo contable y no de una transformación estructural. Específicamente, la utilización de un fondo de Banobras orientado a fondear a proveedores de Petróleos Mexicanos, equivalente al 0.6% del PIB, impulsó el resultado agregado. Esta circunstancia anticipa que las agencias calificadoras aplicarán un criterio mucho más estricto al evaluar la veracidad de la consolidación fiscal, exigiendo una distinción clara entre ajustes reales y movimientos meramente contables.
La desaceleración en los ingresos tributarios
De manera simultánea, la recaudación fiscal empieza a manifestar indicios de fatiga coyuntural. La correlación positiva entre la actividad económica y el ingreso tributario, factor que sirvió como amortiguador durante los recortes previos, se ha debilitado notablemente. El avance real del impuesto sobre la renta y la generación de empleo formal se han contraído en sintonía con la atonía general del Producto Interno Bruto. Por consiguiente, las autoridades no pueden asumir como garantizado el impulso recaudatorio que financió la disciplina presupuestal reciente.
Este nivel de exigencia cobra relevancia debido a que el espacio financiero disponible es sumamente reducido. Al considerar los ingresos totales, el costo financiero de la deuda gubernamental absorbe cerca del 17.5%, posicionándose como uno de los más elevados entre economías con una evaluación crediticia semejante, superando de forma considerable a naciones como Perú, Uruguay o Filipinas. Cualquier encarecimiento adicional en el fondeo, derivado de una degradación en la nota, limitaría de inmediato los recursos destinados al gasto social y a la infraestructura pública.
Restricciones políticas y el dilema tributario
En este punto interviene la variable política. La actual calificación de la deuda descansa sobre una base frágil: Moody’s y Fitch mantienen la nota mexicana a un solo escalón de perder el grado de inversión, al tiempo que Standard & Poor’s la ubica un peldaño arriba, pero acompañada de una perspectiva negativa. Los mercados financieros parecen exigir menos discursos de austeridad y más certidumbre sobre una estrategia de ingresos a mediano plazo. No obstante, plantear una reforma fiscal profunda conlleva costos políticos considerables al coincidir con el ciclo electoral intermedio, poniendo en riesgo la estabilidad legislativa.
Ante este panorama, el escenario más viable contempla la integración de modificaciones focalizadas en el paquete presupuestal, tales como ajustes específicos en determinados gravámenes, la supresión de tratamientos preferenciales y un control más riguroso en la fiscalización del impuesto sobre la renta. Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2023, la tasa efectiva de dicho tributo registró incrementos generalizados impulsados por una mejor auditoría y no por modificaciones en las leyes, lo que comprueba la existencia de un espacio operativo para ensanchar la base tributaria sin abrir un frente de discusión legislativa profunda.
El próximo proyecto fiscal no resolverá de manera definitiva el debate en torno a la solvencia soberana, pero simboliza la última oportunidad para fortalecer los ingresos gubernamentales antes de que el escenario macroeconómico se torne adverso. Las autoridades deberán calibrar con precisión sus siguientes decisiones para evitar la pérdida del grado de inversión y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo.
