El trasfondo de la disputa fiscal y el posicionamiento oficial
Frente a las recientes movilizaciones y bloqueos en distintas rutas del país organizados por agremiados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la administración federal salió al paso para respaldar la disminución en los beneficios impositivos destinados al gremio transportista. Las autoridades insistieron en que este cambio normativo no generará presiones sobre el costo final de los productos ni desatará una escalada inflacionaria que afecte a la ciudadanía.
Durante la habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó firmemente la postura oficial emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La mandataria subrayó que el esquema anterior otorgaba prerrogativas financieras desmedidas a un sector sumamente concentrado, por lo que la modificación busca equilibrar las finanzas públicas sin poner en riesgo la cadena de suministro nacional.
Alcance de la medida y estimaciones económicas de Hacienda
Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, detalló los aspectos técnicos de la modificación tributaria. El funcionario explicó que el tope máximo para la deducción de impuestos vinculada al gasto en peajes carreteros experimentará una contracción al pasar de 300 millones a 250 millones de dólares para las corporaciones dedicadas al traslado de carga pesada.
De acuerdo con las proyecciones financieras presentadas por la dependencia federal, esta modificación fiscal tendrá un alcance sumamente acotado dentro del universo tributario mexicano. Se estima que el ajuste impactará únicamente a 170 contribuyentes, cifra que representa apenas el 6% del total de las empresas que tributan bajo este régimen específico.
El titular de Hacienda argumentó que el costo fiscal del esquema anterior resultaba insostenible para el erario, recordando que llegó a representar el 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el ejercicio fiscal de 2019. Asimismo, enfatizó que el gobierno federal mantendrá vigentes otros mecanismos de respaldo económico para el sector, tales como el acuerdo estratégico destinado a poner un tope al precio del combustible diésel.
Apertura al diálogo institucional y atención a la seguridad
Con el objetivo de distender las tensiones provocadas por las protestas y los cierres carreteros, el gabinete federal extendió una convocatoria formal para instalar una mesa de trabajo interinstitucional. Dicho espacio de negociación quedó programado para las 11:00 horas y sería coordinado de manera conjunta por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el propio responsable de las finanzas públicas, Edgar Amador.
Adicionalmente, la jefa del Ejecutivo reconoció de manera pública que la incidencia delictiva y los robos perpetrados en las carreteras nacionales representan un desafío crítico que obstaculiza la operatividad logística del transporte de carga. Al respecto, aseguró que este problema de seguridad pública se analiza de forma prioritaria en las mesas de coordinación intergubernamental que sesionan de manera permanente.
