Inicia indagatoria en la Cámara de Representantes contra tácticas antidrogas
Una polémica estrategia policial empleada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la cual consistió en vigilar grandes volúmenes de narcóticos en lugar de decomisarlos de inmediato para construir expedientes de mayor trascendencia, ha provocado el inicio de una investigación formal por parte de los legisladores republicanos pertenecientes a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El congresista James Comer, representante republicano por el estado de Kentucky y titular de dicho comité, dirigió una comunicación oficial al secretario de Justicia, Todd Blanche. A través de este documento, el legislador solicitó de manera formal el acceso a diversos expedientes vinculados con los operativos donde los uniformados optaron por monitorear, sin confiscar, envíos masivos de sustancias ilícitas.
Esta acción del poder legislativo surge en sintonía con las profundas inquietudes manifestadas por autoridades del estado de Nuevo México, territorio considerado como uno de los principales epicentros de la emergencia sanitaria vinculada a los opioides sintéticos. En esta región, fuentes confidenciales de la corporación antidrogas denunciaron que recibieron instrucciones explícitas de mantenerse al margen en lugar de confiscar cientos de miles de tabletas, lo cual podría constituir una infracción a las normativas internas del Departamento de Justicia concebidas para salvaguardar a la ciudadanía.
Como antecedente directo, el fiscal general estatal, Raúl Torrez, interpuso recientemente una demanda formal contra el propio Departamento de Justicia con el propósito de obligar a la dependencia a entregar los mismos expedientes que ahora reclama el bloque legislativo encabezado por Comer.
En la misiva enviada por el congresista, de la cual se obtuvo una copia, se criticó severamente el proceder de la agencia federal: “Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”. Hasta el momento, la institución federal ha evitado emitir comentarios o posturas oficiales ante las solicitudes de información.
Revisión de protocolos y antecedentes en el tráfico de opioides
La controversia actual se intensifica tras una serie de hallazgos periodísticos que documentaron cómo los oficiales del orden mantuvieron bajo seguimiento múltiples cargamentos de drogas en territorio nuevomexicano entre 2023 y 2025. Durante este lapso, se permitió que el material prohibido circulara libremente hacia las calles mientras las agencias gubernamentales robustecían sus procesos judiciales.
Esta tolerancia ocurrió de manera simultánea al desarrollo de campañas institucionales de concientización bajo el lema “One Pill Can Kill”, las cuales advertían a la población sobre la extrema toxicidad de dosis mínimas de este compuesto químico, clasificado por la administración federal como un arma de destrucción masiva.
El requerimiento de información emitido por el Congreso se centra exclusivamente en la gestión del expresidente Joe Biden, a quien señaló por haber flexibilizado los lineamientos de mitigación de riesgos implementados originalmente durante el primer periodo presidencial de Donald Trump. La normativa inicial, establecida en 2017, instruía a los oficiales a asegurar o bloquear la distribución de estos productos con la mayor celeridad posible. No obstante, las directrices fueron modificadas en 2024 para otorgar mayor margen de maniobra a los cuerpos de seguridad bajo el argumento de privilegiar los resultados de investigaciones prolongadas.
A pesar de estas modificaciones operativas, que permitieron la incautación de aproximadamente 3 millones de pastillas en operativos coordinados, extrabajadores de la agencia señalaron que una red criminal de gran envergadura pudo haber sido desmantelada con meses de anticipación si las intervenciones se hubieran realizado de forma oportuna.
Ante este escenario, la oficina del inspector general del Departamento de Justicia dio inicio a una auditoría a escala nacional para esclarecer si este método de vigilancia pasiva se ha aplicado de forma sistemática en otras jurisdicciones del país.
Por su parte, el director de la agencia, Terry Cole, defendió el actuar institucional durante una reciente entrevista televisiva: “Nuestras investigaciones son de largo plazo, son complejas y se realizan bajo la guía de la ley”. Asimismo, el funcionario añadió: “Seguiremos haciéndolo, pero necesitamos mantenernos 100 por ciento enfocados en el adversario”, al tiempo que expresó su disposición a colaborar con las revisiones fiscalizadoras en curso.
