Llamado urgente de las Madres Buscadoras a las más altas autoridades del país

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, ha lanzado un fuerte reclamo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal Ernestina Godoy. A través de un pronunciamiento público, la activista exigió que las oficinas gubernamentales abran sus puertas a los familiares que recorren el país en la búsqueda de sus seres queridos y que actualmente permanecen a la espera de ser atendidos en las inmediaciones de la fiscalía.

El posicionamiento de la defensora de derechos humanos pone de relieve las múltiples barreras operativas y administrativas con las que se topan a diario los colectivos ciudadanos. De acuerdo con su testimonio, los trámites lentos y la falta de sensibilidad institucional agravan una crisis humanitaria ya de por sí desgarradora para miles de hogares mexicanos.

La exigencia de sensibilidad ante el dolor social

Durante su mensaje difundido en plataformas digitales, Flores puntualizó que la presencia de los grupos de búsqueda en las sedes gubernamentales responde a una exigencia legítima de justicia y no a la búsqueda de privilegios o concesiones extraordinarias por parte del Estado.

“Señora Presidenta, señora Fiscal: Les pedimos que no sean inhumanas. Afuera de la Fiscalía hay familias buscadoras esperando que atiendan sus peticiones”, escribió Cecilia Flores en su publicación, enfatizando que las demandas ciudadanas se apegan estrictamente al marco de la ley y a los derechos constitucionales.

La activista hizo hincapié en que los parientes de las víctimas no solicitan tratos preferenciales, sino el cumplimiento efectivo de las obligaciones que corresponden a las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad pública en el territorio nacional.

Obstáculos burocráticos agravan la crisis de desapariciones

Además de la angustia emocional implícita en la tarea de localizar a personas no localizadas, los familiares deben lidiar de manera constante con la apatía institucional y los laberintos administrativos que caracterizan a los órganos de persecución penal. Para la referente de los colectivos sonorenses, esta situación representa una revictimización sistemática.

“Ya es demasiado doloroso salir a buscar a nuestros hijos y todavía tener que enfrentar la burocracia y la indiferencia de las autoridades”, señaló la activista, reiterando que la indolencia oficial constituye otro muro infranqueable para quienes buscan la verdad.

Ante este escenario, la petición central de las agrupaciones civiles radica en que las funcionarias de primer nivel establezcan canales de comunicación directos, escuchen los planteamientos particulares de cada expediente y agilicen las investigaciones ministeriales que permanecen estancadas.

“Escuchen a las familias, atiéndanlas y resuelvan. No queremos obstáculos, queremos justicia y respuestas”, concluyó la activista en su mensaje, el cual fue canalizado directamente hacia los perfiles institucionales de la titular del Ejecutivo federal y de la propia Fiscalía General de la República.