La procuración de justicia en el estado de Puebla registró un nuevo golpe contra funcionarios públicos tras confirmarse la captura de Said de Jesús ‘N’, quien se desempeñaba como presidente municipal de Tepeyahualco. El servidor público, de 33 años de edad, fue interceptado por elementos ministeriales debido a su presunta participación en actos delictivos que afectan el ejercicio de la administración pública.
De acuerdo con la información emitida por las autoridades ministeriales, la orden de aprehensión fue cumplimentada luego de que un juez librara el mandamiento judicial correspondiente por los probables delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. Tras su ubicación en la localidad de San Juan Xiutetelco, el político fue puesto inmediatamente a disposición de las instancias judiciales para determinar su situación legal en las próximas horas.
La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión contra Said de Jesús N., de 33 años, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.#FiscalíaInforma pic.twitter.com/WuZJyE61CQ
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 5, 2026
Una tendencia preocupante: alcaldes poblanos bajo la lupa judicial
Este suceso marca un precedente relevante dentro de la administración pública estatal, ya que representa el tercer presidente municipal detenido en lo que va del año 2026 en territorio poblano, evidenciando una serie de investigaciones en curso contra autoridades locales.
El primer caso de este tipo en el año ocurrió el 3 de febrero de 2026 en el vecino estado de Tlaxcala, cuando las fuerzas del orden capturaron a Gerardo Cortés Caballero, quien fungía como alcalde con licencia de Cuautempan. En aquella ocasión, al edil se le cumplimentaron cargos graves vinculados con extorsión, posesión de armas prohibidas y asalto a unidades de transporte público, tras permanecer nueve meses en calidad de prófugo de la justicia.
Meses más tarde, el 17 de agosto, las autoridades cumplimentaron otra orden de captura en contra de Juan Pérez Moral, alcalde de Tianguismanalco. Dicha aprehensión derivó de una carpeta de investigación abierta a partir de una denuncia formal por el delito de presunto abuso sexual, lo que generó un fuerte impacto político en la región.
A estos expedientes se suma la situación legal de Ramiro González Vieyra, exalcalde de San Nicolás Buenos Aires, quien fue reaprehendido el 6 de marzo de 2026. Su captura se concretó a pesar de que un tribunal había ordenado previamente su liberación, recordando que su primer aseguramiento judicial se había registrado en mayo de 2025.
La FGR indaga a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza
En otro frente de investigaciones en la entidad poblana, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de indagatoria en contra de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza. La intervención federal se originó luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) nacional interpusiera una denuncia formal por el uso indebido de uniformes de uso exclusivo del Ejército mexicano y la utilización de réplicas de armas de fuego durante las dinámicas cotidianas con los alumnos.
Según detalló Eurípides Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, la decisión de acudir ante la delegación federal de la FGR provino de diversos reportes ciudadanos e institucionales que no solo señalaban la portación ilegal de indumentaria castrense y armamento simulado, sino también presuntos casos de maltratos físicos y psicológicos hacia el alumnado.
Estas indagatorias ministeriales transcurren de manera paralela a la supervisión administrativa de la institución educativa. Para el periodo lectivo correspondiente a los ciclos escolares vigentes, el plantel reanudó sus actividades académicas únicamente en los niveles de preescolar, secundaria y bachillerato, mientras que el servicio educativo para la primaria continúa totalmente suspendido por mandato directo de la representación de la SEP en Puebla.
Los acontecimientos continúan bajo el escrutinio de las autoridades federales y locales, las cuales han adelantado que mantendrán las investigaciones hasta deslindar responsabilidades tanto en el ámbito municipal como en el sector educativo privado con tintes militares.
